Hace 60 años los ganaderos tenían que pagar los recibos de la Junta Provincial de Extinción de Animales Dañinos que recaudaba el seudosindicato del régimen (las Hermandades Sindicales) y que gestionaba la Administración forestal (por entonces el Patrimonio Forestal del Estado). Era una de las muchas tasas y exacciones que había que soportar, como parte de un sistema fiscal primitivo y poco equitativo. Por esta vía los ganaderos tenían que financiar las actuaciones públicas relacionadas con el lobo y con el resto de lo que entonces se consideraban alimañas (¡la lista incluía hasta los lagartos!).

Hoy, por una vía mucho más alambicada, los herederos de aquella Administración pretenden que los ganaderos y agricultores soporten también una parte significativa (si no la mayor) de la financiación de las futuras políticas públicas derivadas de la protección reforzada del lobo que quieren imponer. Esto es lo que implicaría usar los ecoesquemas de la nueva PAC para financiar ayudas directas en las zonas con presencia de lobos, como ha propuesto el Ministerio de Transición Ecológica, secundado por el de Agricultura.

Como agravante, para poder recuperar una parte de ese 20% de las ayudas agrícolas que se destinará a los ecoesquemas, los ganaderos tendrían que demostrar que han hecho lo suficiente para protegerse del lobo. Con las palabras del proyecto de estrategia sobre el lobo que presentó el MTERD en octubre pasado: «un modelo de coexistencia efectivo requiere de una co-responsabilidad por todas las partes, por lo que tal pago adicional debe de estar condicionado a la adopción de medidas de prevención de ataques y otras medidas adicionales de buenas prácticas que cada comunidad autónoma definirá«. Dicho de otra manera, si no te resistes suficientemente no te quejes si te ataca una fiera. Este planteamiento recuerda bastante a los que en otros ámbitos tratan de defender al agresor culpando a la víctima de provocar con su actitud y no defenderse bien («van como van -las ovejas, o los potros, o los terneros…- y luego pasa lo que pasa…») y olvida la inteligencia, oportunismo y capacidad adaptativa de los lobos, así como las dificultades objetivas de la protección efectiva, que no se solucionan sólo con medios técnicos o financieros. Para colmo, este enfoque se quiere extender a las indemnizaciones por daños, según la propuesta del MITERD.

En peor situación quedarían los ganaderos que no tengan la suerte de contar con mucha superficie, porque esa teórica ayuda (financiada por el FEAGA, es decir, recortada del resto de ayudas directas) sólo se daría a las explotaciones extensivas, como si el lobo no atacara también al ganado de las muchas explotaciones que, con cargas ganaderas superiores a las propuestas (2 UGM en pastos húmedos y de puerto y 1 UGM en el resto) hacen aprovechamiento a diente de sus parcelas.

Si el lobo tiene un coste, lo debe pagar el conjunto de la sociedad  a través de los presupuestos públicos, y por transparencia debe hacerse con los recursos de la política que justifica su protección, es decir, la política ambiental. En España, esto implica que ayudas e indemnizaciones salgan de los presupuestos del MTEDR.