Las organizaciones profesionales agrarias, APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE, Asaja Cáceres, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de España han convocado, de manera conjunta, un acto de protesta para visualizar ante la sociedad la “grave situación” por la que atraviesa el sector de la apicultura.
La cita será el próximo 10 de marzo frente al ministerio de Agricultura, en Madrid, para reclamar que se tomen medidas que palíen los problemas que los apicultores están teniendo para ejercer su actividad de una manera sostenible.
Las distintas organizaciones agrarias han señalado que la mala situación se ha ido agravando en las últimas campañas por la falta de medida que se han tomado desde las distintas administraciones y que han sido “insuficientes e ineficaces” por lo que se ha solicitado que “de manera urgente” se adopten medidas concretas para asegurar que las familias que viven de la apicultura puedan ejercer su trabajo de una manera digna.
En concreto el sector apícola ha reclamado distintos puntos con carácter urgente:
En lo relativo al mercado, se solicita el desarrollo de medidas efectivas que reequilibren la cadena de valor de la miel y de los productos apícolas para asegurar la sostenibilidad de las familias que viven de la apicultura.
También una revisión urgente de la política de acuerdos comerciales que garantice que la miel importada cumple con todos los requisitos productivos, sociales y medioambientales exigidos a un apicultor de nuestro país. Los productos apícolas, entre ellos la miel y el polen, no pueden ser utilizados como “moneda de cambio” en los acuerdos comerciales que se establezcan a nivel europeo. En cuanto al etiquetado, las opas solicitan un etiquetado que incluya el listado de países y su porcentaje en la miel que se vende, así como que también se contemple en la Unión Europea.
En materia de Sanidad, se considera imprescindible la creación de un grupo de trabajo específico sobre Verroa que se reúna periódicamente a nivel estatal y mejore la coordinación entre las distintas administraciones en materia sanitaria, además de apoyar la investigación para el desarrollo de nuevos principios activos contra la Varroa.
Otro aspecto destacado es el relativa a la falta de espacio para asentamientos apícolas, por lo que se pide que se pueda valorar la utilización de espacios públicos para asentamientos apícolas, además de regular distancias mínimas entre colmenares, entre otras.
Respecto a la PAC, se considera “imprescindible” el mantenimiento y refuerzo del presupuesto estatal y de las distintas comunidades autónomas destinado a las ayudas al sector apícola.
Otro de los puntos incluidos es el relativo a la adaptación al cambio climático en el que se realicen análisis de la vulnerabilidad de la apicultura, la definición de sistemas de indicadores de impacto y medidas para reducir las vulnerabilidades detectadas.
Como séptimo punto se incluyen las especies invasoras y las depredadoras de las abejas y la necesidad de coordinar una estrategia nacional frente a estas amenazas. Por último, se considera necesario desarrollar una línea de seguro acorde con las necesidades del sector y vinculado a la apicultura.
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha destacado la importancia de la producción apícola en la región y su presencia en zonas muy sensibles, como Hurdes o La Siberia, que no se puede dejar que “se vengan abajo”. Metidieri ha invitado a los agricultores y ganaderos a que se sumen a estas protestas en Atocha porque, afirma, se está arruinando el sector y se están haciendo oídos sordos desde el ministerio de Agricultura y desde la UE.
El responsable apícola de UPA a nivel nacional, Antonio Prieto, ha hecho un llamamiento a todos los apicultores profesionales para que, ante la falta de soluciones por parte del Ministerio, “demostremos la fuerza que tiene nuestro sector en toda España”. “A los apicultores nos cuesta 2,60 euros producir un kilo de miel, pero la vendemos por debajo de los dos euros. Además, nos resulta imposible competir con la miel que entra de China a 1,50 euros”, mantiene Prieto.
Desde UPA-UCE reclaman reforzar los controles en las fronteras para que la miel procedente de otros países entre en España cumpliendo los mismos parámetros sanitarios, económicos y medioambientales que exige la Unión Europea. “Los consumidores tienen derecho a saber qué tipo de miel están comprando y, si es mezclada, también conocer los porcentajes de mezcla de cada país. Creemos que no es tan difícil”, señala Prieto.
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