El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha iniciado la tramitación de un nuevo real decreto que modifique la actual norma de calidad de la miel para implantar un etiquetado obligatorio más detallado sobre la procedencia de la miel, que salvaguarde la protección del consumidor y proporcione información clara respecto al país de origen.
La indicación relativa al origen de la miel está regulada en la Directiva 2001/110/CE del Consejo de 20 de diciembre de 2001, a través de la que se estableció el marco normativo comunitario para este producto.
Esta norma fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional a través del Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel donde se establece que, en el caso de tratarse de miel procedente de más de un Estado miembro o de un tercer país, debe mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en que la miel haya sido recolectada.
En caso de que la miel proceda de más de un Estado miembro o de un tercer país, la mención de los países de origen puede sustituirse, según proceda, por las menciones “mezcla de mieles de la UE”, “mezcla de mieles no procedentes de la UE” o “mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE”.
Organizaciones agrarias y cooperativas reclaman que se modifique la normativa actual para obligar a detallar el país de origen y su porcentaje en el etiquetado de la miel, tal y como ya sucede en otros países comunitarios como Italia, Polonia o Grecia. Los representantes del sector apícola denuncian la falta de transparencia que posibilita la aplicación de la Directiva 2014/63/UE de la Miel en España, ya que permite a los operadores etiquetar mieles con menos del 1% de miel de la UE como «mezcla de mieles UE-no UE» sin indicar los países en los que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como «mezcla de mieles no UE». Esta norma atenta contra lo establecido en la normativa comunitaria en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios ya que las leyendas admitidas por la Directiva inducen a confusión y desinforman a los consumidores.
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