LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que arbitre una nueva línea de ayudas para el traslado de granjas por motivo de interés público y que establezca una dotación presupuestaria suficiente para atender todas las demandas.
Para ello esta Organización Profesional Agraria propone un periodo de adaptación basado en dos opciones perfectamente compatibles. Por un lado, si el titular de la explotación ganadera optara por no acogerse a estas ayudas, permitir la continuidad de la actividad con las mismas condiciones actuales hasta la finalización de la vida laboral del ganadero titular de la granja. Para el caso de que el titular de la explotación sí apueste por las ayudas, LA UNIÓ propone ampliar el plazo de traslado en cinco años, es decir hasta el 1 de abril de 2023.
Estas demandas de LA UNIÓ suponen realizar las adaptaciones pertinentes a la Ley de Ganadería de la Comunitat Valenciana 6/2014, de 4 de marzo, de la Generalitat. La Ley establece como plazo para regularizar la situación y trasladar las granjas a un lugar adecuado el 1 de abril del próximo año, pero el Gobierno valenciano no ha cumplido con el apartado 5 de la Disposición Transitoria de la Ley de Ganadería, ya que de hecho no ha habido convocatorias de ayudas para el traslado de granjas con dotación financiera desde el año 2010.
Se trata normalmente de explotaciones ganaderas que no cumplen con los parámetros urbanísticos de la normativa vigente en la actualidad y por ello no son legalizables. Por tanto, para continuar desarrollando su actividad, debían ser trasladadas a otros emplazamientos y ejecutadas en base a la normativa urbanística vigente actualmente.
Existen casos de naves ganaderas construidas en el linde de parcelas, sin separación con parcelas o caminos colindantes, o que superan el % de ocupación de la parcela establecido por las normas urbanísticas, pero todas ellas están inscritas en la Lista de Explotaciones Ganaderas y pasan a diario exigentes controles veterinarios y cumplen con el resto de preceptos higiénicos, sanitarios, de bienestar animal y medioambientales necesarios.
La Ley de Ganadería, vigente desde 2003, permitía que continuaran ejerciendo provisionalmente la actividad ganadera durante un periodo máximo de quince años y ese plazo concluye en 2018, pero como Conselleria no ha cumplido con su función en los últimos siete años de dar ayudas para el traslado, es lo que propicia la propuesta de LA UNIÓ al respecto.
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