La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha señalado que las comunidades autónomas son los organismos responsables de determinar la superficie admisible de pastos con derecho a ayuda. También ha apuntado que algunas comunidades aplicaron el coeficiente reductor establecido por la Comisión Europea y no fueron objeto de corrección financiera, y otras optaron por no hacerlo, por lo que son responsables de hacer frente a la corrección financiera.
COEFICIENTE REDUCTOR
En respuesta a una pregunta de la senadora Elena Víboras, García Tejerina ha explicado que la Comisión Europea advirtió en 2009 de la necesidad de excluir de los pastos con derecho a ayudas a aquellas zonas en las que el ganado no puede entrar a pastar.
En ese momento, ha añadido la ministra, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) transmitió la Declaración de la Comisión de 2009 a todas las comunidades autónomas, ese mismo año, ya que son las autoridades competentes a la hora de determinar la superficie admisible de los pastos con derecho a ayuda.
También ha explicado que la Comisión Europea fijó, en junio de 2016, una corrección financiera de 262 millones de euros por la falta de aplicación de un coeficiente reductor de la superficie de pastos, correspondiente a las ayudas que van desde los años 2009 y 2013
En este sentido, García Tejerina ha recalcado que el FEGA advirtió hasta en cinco ocasiones a las comunidades sobre la necesidad de establecer el coeficiente de admisibilidad de pastos exigido por la Comisión. “Y hubo comunidades autónomas que sí siguieron las instrucciones del FEGA, establecieron un coeficiente y éstas no han sido objeto de corrección financiera”. El resto de comunidades autónomas deberían haber actuado limitando la superficie admisible, tras la Declaración de la Comisión.
Por ello, el FEGA inició de oficio, en 2015, los procedimientos de repercusión de la corrección financiera, imputando a cada organismo pagador de cada comunidad autónoma sus propias responsabilidades.
No obstante, García Tejerina ha precisado que, en agosto de 2016, el Gobierno presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión, ya que la consideraba desproporcionada y no ajustada a derecho.
Al mismo tiempo, se ha conseguido aplazar en tres anualidades el pago, y la primera anualidad ya ha sido adelantada por parte de la Administración General del Estado, “ayudando de esta manera a las comunidades autónomas a que asuman el ejercicio de sus competencias”. En cualquier caso, García Tejerina ha asegurado que su Departamento seguirá trabajando para que la multa sea la menor posible.
Deja un comentario