La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha vuelto a exigir al Gobierno central que «asuma» la multa de 262,8 millones de euros que ha impuesto la Comisión Europea a España por la denominada corrección financiera y no ponga en riesgo el pago de las ayudas de las Política Agrícola Común (PAC) en Andalucía.
Durante su intervención en el Parlamento, la consejera ha recordado que Bruselas ha sancionado al Gobierno central por no haber transpuesto adecuadamente a la normativa nacional los requisitos para determinar las superficies admisibles de los pastos en las campañas 2009 a 2013, el conocido como Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP). Esta decisión afecta a once regiones, y en el caso de Andalucía la cantidad que se tendría que devolver asciende a 63,7 millones de euros.
Carmen Ortiz ha lamentado la decisión del Consejo de Ministros del 17 de febrero por la que hizo recaer esta responsabilidad en las comunidades autónomas, a pesar de tratarse de un error en la legislación de ayudas directas y, por tanto, de competencia nacional. En este sentido, ha advertido de que esta determinación del Gobierno central traería «gravísimas consecuencias, ya que podría comprometer el abono de las ayudas de la PAC», que afectan a más de 300.000 agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias. «Si no pagamos, el Ministerio lo descontaría de los importes que nos transfiere para abonar las ayudas directas ya autorizadas», ha resaltado Ortiz.
Por este motivo, la consejera ha informado de que «vamos a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia exigiendo que sea el Estado quien asuma la multa, además de solicitar la suspensión cautelar de la ejecución». Para Carmen Ortiz, al haberse agotado la vía administrativa tras la decisión ministerial, es la «única manera que tenemos para preservar los derechos de los agricultores y ganaderos y de todos los andaluces, ya que resulta imposible para esta comunidad generar dicho importe sin que se vean afectadas otras partidas tan sensibles y prioritarias como la educación o la sanidad». Fuente: Junta de Andalucía
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