Desde la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la autorización de trasvasar 20 Hm3 de agua desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. Desde que el Memorándum Tajo-Segura y la nueva regla de explotación se introdujeron en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la cabecera del Tajo está sometida a mayor depredación, ya que la elevación a 400 Hm3 de la lámina estable de Entrepeñas y Buendía sólo ha tenido por finalidad establecer el límite a partir del cual todas las aguas por encima de ese límite sean trasvasadas, y así evitar que los tribunales continuaran sentenciando contra la pretensión del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) de hacer suyas todas las aguas acopiadas en la cabecera del Tajo.
Tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) como la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), son conscientes del enorme perjuicio que se propina al Tajo limitando el curso de sus aguas desde la cabecera, convirtiendo su cauce, aguas abajo, en un gran canal de desechos y aguas residuales, sin dinámica fluvial, sin la fauna ni la vegetación riparia que le corresponde, sin posibilidad de utilizar su entorno ni sus aguas para otras actividades fluviales que desde tiempos inmemoriales tuvo y facilitando así la aparición de todo tipo de ejemplares alóctonos que están acabando sistemáticamente con la vida propia del río que fue y que estamos obligados a recuperar para uso y disfrute de las generaciones venideras.
La política de aguas impuesta al Tajo es una política absolutamente al margen de la Directiva Marco de Agua (DMA) y debe ser corregida en todos los órdenes de gestión y planificación. Así lo reconoció la comisión de eurodiputados que constató que el estado deplorable del Tajo es absolutamente incompatible con los cánticos triunfalistas que escucharon en los despachos del Ministerio. La legislación para el Tajo es una legislación prevaricadora y dictada por los intereses de la vieja política del agua. Y el organismo de cuenca encargado por la ley de aguas de velar por la salud de los ríos de la cuenca del Tajo -la CHT- lejos de regirse por aplicar criterios estrictamente técnicos con los que sugerir cambios legislativos que faciliten la consecución de los objetivos de la DMA, se somete al principio de jerarquía y de oportunismo político en detrimento del principio de legalidad. De este modo asistimos a la propuesta de sanciones a terceros -como la reciente al Ayuntamiento de Toledo a partir de una investigación “apañada y amañada”- o a rendición de cuentas no aceptadas por el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados o a informes unilaterales y a la carta de evolución y seguimiento del Plan de cuenca, en los que las aguas del Tajo a su paso por Aranjuez cambian su calificación -de bóbilis, bóbilis- al buen estado.
Los trasvases deben acabar porque el Tajo necesita sus aguas para sí. Y eso lo sabe el MAPAMA, la Dirección General del Agua (DGA) y la propia CHT, que en 2011 ya advirtió que no es posible tener Tajo y trasvases al mismo tiempo; o uno u otro. Mientras los gobiernos apuesten por el Trasvase Tajo-Segura estarán eligiendo matar todo un río, el río más emblemático de la península ibérica, el río Tajo / Tejo.
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