La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado como “una aberración” que el Gobierno plantee un gravamen sobre las bebidas con azúcar, puesto que eso representaría un “daño irreparable” para el sector remolachero-azucarero.
La organización profesional agraria ha recordado que este sector –cuya principal zona productora se ubica en Castilla y León, pero que también se produce en zonas de Andalucía, La Rioja y País Vasco- está viviendo una situación “especialmente delicada” debido a que está a las puertas de la liberalización que supondrá la desaparición de las cuotas azucareras a partir de septiembre de 2017.
“Sólo hay que recapitular y ver lo que pasó con la eliminación de las cuotas de la leche”, han apuntado desde UPA. “En el caso lácteo, supuso una catástrofe para Galicia ya que allí se produce la mayoría de la leche de vaca. En el caso del azúcar, sería una hecatombe para Castilla y León, ya que esta región produce el 80% del azúcar nacional”, han explicado.
“Impuesto trampa”
UPA cree que los “ideólogos anti-azúcar” del Gobierno que han planteado este impuesto basan su argumentación en la trampa de considerar que un alimento, por sí sólo, es perjudicial para la salud. “El azúcar no sólo no es dañino, sino necesario para la población, por lo que motivar un menor consumo vía impuestos es injusto e inmoral”.
“No tiene sentido encarecer los productos con azúcar”, aseguran los agricultores. “Si de lo que se trata es de reducir las tasas de determinadas patologías como la diabetes o la obesidad”, afirman, “un impuesto al azúcar es una medida absurda”. A los agricultores les preocupa el precedente que se sentaría con este gravamen, y se han preguntado con ironía si “a partir de aquí se plantearán impuestos a las grasas, las proteínas, los minerales o incluso las vitaminas”.
La organización cree que el Gobierno debería fomentar los hábitos saludables dentro de la dieta mediterránea, “mediante medidas pedagógicas, educativas y sociales, y no dentro del ámbito de los impuestos”.
UPA teme que este impuesto haría desaparecer a miles de agricultores, puesto que se pondrían en duda no solo las ayudas públicas que perciben actualmente productores e industrias azucareras, sino la rentabilidad de un cultivo que “es puntero en toda Europa”.
Las consecuencias también serían trágicas para los miles de empleos directos e indirectos que actualmente se generan en torno a la actividad industrial de procesado y transformación, lo que conllevaría una destrucción muy importante de tejido social y económico.
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