El Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto ley que modifica gran parte de las relaciones entre los actores que operan en el sector lácteo. El conocido como “paquete lácteo” legislativo supone, en opinión de UPA, mejoras en algunos aspectos, aunque afirman que el Gobierno tendría que “haber ido más lejos” para tratar de solucionar la crisis que vive el sector.
Los ganaderos llevan años reclamando una legislación que les proteja frente al “abusivo” comportamiento de industrias lácteas y gran distribución. Prácticas como el uso de la leche como reclamo comercial, o
la banalización de este producto en ofertas “radicales” han destruido el valor de la leche hasta hundir la rentabilidad de los ganaderos.
“Este real decreto es un paso más y un avance sobre todo en lo referente a los contratos”, han explicado desde UPA. El paquete fija como obligatorios los contratos de un año entre ganaderos e industrias lácteas, que además deberán firmarse al menos dos meses antes de la entrega de la leche.
Quedan fuera de la base de datos de contratos sujetos a un control más exhaustivo aquellos entre cooperativas e industrias –que suponen casi la mitad de las operaciones de compra venta de leche en España-.
Los ganaderos no tendrán tampoco la que era una de sus principales peticiones: un mediador “eficaz” con capacidad de solucionar los casos de conflicto previo a la firma de los contratos. UPA ha señalado que algunas industrias “no se quieren sentar a negociar ni con los ganaderos ni con las organizaciones de productores que les representan”. Y quedan “flecos” en cuanto a la referenciación del precio de la leche en los contratos.
En todo caso, han señalado desde UPA, la crisis del sector lácteo no se resolverá exclusivamente “por decreto”. “Hace falta un cambio de mentalidad por parte de todos los agentes: las industrias, valorando y cuidando a los ganaderos que les proporcionan la leche; y sobre todo la gran distribución, defendiendo los lácteos y no hundiendo su precio ante los consumidores”.
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