Para WWF, la nueva Ley de Montes no ofrece soluciones sustanciales a las dos asignaturas pendientes del monte: su gestión y el desarrollo rural de las regiones forestales. Además, esta ley abre la posibilidad de recalificar los terrenos incendiados, pone en peligro la propiedad forestal colectiva vinculada al origen vecinal y deja pasar la oportunidad de blindar los Montes de Utilidad Pública y los privados protectores frente al avance del ladrillo. WWF alerta también del riesgo que supone su tramitación parlamentaria por el precedente de la Ley de Parques Nacionales y la presión de los cazadores. Esta modificación ahonda en la desregulación ambiental que está sufriendo nuestro país en la presente legislatura.
WWF se ha opuesto desde el primer momento a la reforma de la Ley de Montes por considerar que los sucesivos borradores no aportaban mejoras sustanciales a la ley actual. El nuevo texto no aborda lo suficiente la gestión del monte y su contribución al desarrollo rural de las regiones forestales, dos piezas clave para el monte. Además, elimina los requisitos de gestión para todos los montes productivos sin aportar soluciones efectivas que compensen esa eliminación generando condiciones adecuadas para que el monte se gestione y pueda ser una pieza clave para el desarrollo de las zonas rurales.
Igualmente preocupante es la opción abierta de cambiar el uso del suelo de un terreno incendiado si existe un “interés general prevalente”, un término muy ambiguo que podría abrir la puerta a desarrollos urbanísticos en terrenos incendiados. Así mismo, incluye artículos y disposiciones adicionales sobre la actividad cinegética, aspectos estos de exclusiva competencia de las CCAA, lo que sin duda provocará recursos de inconstitucionalidad.
La nueva Ley deja al margen también la posibilidad de blindar a los Montes de Utilidad Pública y los privados protectores frente el avance del ladrillo. Además, pone en peligro la figura de montes de socios, un tipo de propiedad colectiva de origen vecinal al que se limita el derecho de los condueños, favoreciendo iniciativas individuales no representativas. Esto hace desaparecer la intervención de la Administración Forestal como garante de su legalidad, lo que favorece el fraude en la administración de estos bienes comunales.
Con los antecedentes de la Ley de Parques Nacionales, WWF quiere alertar del riesgo que supone la tramitación parlamentaria de esta Ley. Las asociaciones de cazadores, muy afines al Partido Popular, volverán a presionar para que se incluyan algunas de sus reivindicaciones, mediante enmiendas de última hora en el Congreso o en el Senado.
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