La organización agraria UPA, que lleva ya varios años enfrascada en una campaña para denunciar los abusos de las industrias y la distribución con los productores, ha vuelto a demandar al Gobierno que cree la figura de un mediador que arbitre en casos de conflicto y vele por el buen funcionamiento de la cadena láctea.
El Congreso de los Diputados gestiona en estos momentos la última fase legislativa de la Ley para mejorar la cadena alimentaria, muy demandada por el sector agrario en los últimos años. Esta ley recoge en su artículo 20 el establecimiento de un mecanismo para la resolución de conflictos en la negociación, de la misma manera que otros países de nuestro entorno, aunque, a juicio de UPA, la Ley apenas desarrolla este concepto.
El sector lácteo ha sido pionero en muchas de las medidas que pretende implantar esta ley. Desde el pasado 3 de octubre son obligatorios los contratos homologados en todas las operaciones en las que intervengan productores de leche.
“Tras estos meses, podemos asegurar que muchas industrias se resisten a un cambio en la forma de entender las relaciones de suministro y siguen queriendo imponer sus condiciones a los ganaderos, a pesar de que nos hayamos unido en organizaciones de productores”, ha declarado Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA. “En este contexto disponer de un mediador para los casos de conflicto entre las organizaciones de productores y las industrias lácteas es imprescindible.”
La organización se ha dirigido por carta a Isabel García Tejerina, secretaria general de. Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y le ha recordado que “está en su mano” resolver el que sigue siendo el mayor problema de los agricultores y ganaderos españoles: la falta de precios justos para sus productos.
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