Desde el pasado 1 de enero de 2012, en España solo se pueden comercializar huevos procedentes de explotaciones que están adaptadas a la directiva de bienestar de las gallinas ponedoras o en proceso de adaptarse a la misma. Desde hace años, el sector avícola junto con las CCAA y el Ministerio han estado trabajando en la adaptación de las explotaciones de puesta a la nueva directiva de bienestar, la cual prohíbe las jaulas convencionales, las cuales tienen que ser sustituidas por jaulas enriquecidas u otros sistemas alternativos de producción (sobre suelo, campero o ecológico).
Hace unos meses, a petición de la Comisión Europea, los estados miembros tuvieron que recabar información actualizada del estado en el que estaban sus granjas. En España, todas las explotaciones de puesta remitieron a las Comunidades Autónomas, información sobre si estaban adaptadas, en vías de adaptación o habían decidido no adaptarse y cerrar la explotación. Las que estaban en vías de adaptación (que en muchos casos no habían podido culminar la adaptación en plazo, por cuestiones varias, como retrasos en las licencias, problemas con los créditos, imposibilidad de poder adaptar todas las naves de la explotación de manera simultánea, etc), comunicaron su plan de adaptación con las medidas a aplicar y el calendario de aplicación, limitado como máximo, al primer semestre del año 2012. Con toda esta información se ha generado un Plan de Adaptación, coordinado por el Ministerio, que en su día, fue comunicado a Bruselas.
Durante estos seis primeros meses del año habrá dos tipos de explotaciones. Por un lado, las que ya están totalmente adaptadas y que por tanto, podrán comercializar sus huevos con normalidad. Por otro, las que están en proceso de adaptación, con lo que podrían tener parte de su explotación adaptada y otra no. La producción procedente de la parte adaptada se podría comercializar como huevo de mesa, mientras que los huevos procedentes de la parte no adaptada tendrán que obligatoriamente ir destinados a su conversión en ovoproductos para uso industrial.
La adaptación de las explotaciones españolas de puesta a la nueva directiva de bienestar de las ponedoras ha supuesto y está suponiendo un importe esfuerzo económico entre los productores, incurriendo en costosas inversiones que les permitan contar la autorización para seguir comercializando huevos. En el sector existe la preocupación de que en un futuro pudiera producirse una competencia desleal con los huevos y ovoproductos importados de terceros países, que no tienen la obligación de cumplir la directiva de bienestar y por tanto, soportan muchos menores costes de producción.
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