El Comisario Europea de Salud Publica, John Dalli, ya ha anunciado ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que la directiva de bienestar de las ponedoras, por la que se eliminarán definitivamente las jaulas convencionales, no se pospondrá, es decir, se seguirá manteniendo su entrada en vigor el 1 de enero de 2012. No obstante, también ha aclarado que quiere proponer la solución para las explotaciones que todavía no cumplan en esa fecha, de modo que los huevos producidos fuera de norma podrán seguir comercializándose dentro del país donde se han producido y exclusivamente para su uso industrial. Ha reiterado que se harán inspecciones estrictas para verificar el cumplimiento de la norma y que se aplicarán sanciones ante los incumplimientos.
El Comisario ha reprendido a las explotaciones incumplidoras ya que la directiva se aprobó en 1999, por lo que los productores han tenido 12 años para adaptarse. Asimismo, ha recriminado la ausencia total de información de varios países.
Para muchos europarlamentarios, las medidas de Dalli son “muy poco y muy tarde”.
Para el europarlamentario británico John Agnew lo único que la Comisión Europea tendría que hacer es asegurarse de que los huevos producidos fuera de norma son destruidos. El también británico James Nicholson estima que habrá unos 80 millones de huevos que se producirán ilegalmente y que muchos países podrían optar por medidas unilaterales para impedir la importación de estos huevos.
La holandesa Esther de Lange criticó que las auditorias que la Comisión piensa realizar para el cumplimiento de la directiva, empezarían a principios de 2012, por lo que hasta finales de ese año no se tendría una visión de la situación y aunque se aplicarán sanciones, éstas se producirían al año y medio de entrada en vigor de la directiva, lo que sería un periodo demasiado largo.
Para el alemán Alyn Smith, esta situación va a restar credibilidad a las normas comunitarias en el panorama internacional.
Otros europarlamentarios se han mostrados más proclives a defender a los productores. El italiano Francesco Silvestris ha defendido que los avicultores que no vayan a cumplir será debido a que no han podido no a que no han querido. Además, la aplicación de sanciones solo conllevaría a un aumento de su penuria económica y a que muchos dejaran de producir. Ha señalado que muchos productores ven más fácil y barato producir fuera de la UE y luego vender estos huevos en el mercado comunitario. El francés José Bové se ha mostrado a favor de que se armonicen las normas que se obliga a cumplir a los huevos de producción doméstica con las que se aplican a los huevos importados.
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