El Colegio de Comisario podría aprobar hoy una propuesta de Directiva para modificar la actual normativa sobre impuestos a los productos de la energía y la electricidad (Directiva 2003/96/UE).
Una de las novedades de la propuesta de Directiva, según el último borrador, sería que, a partir de 2013, tendría que haber una distinción entre los impuestos a la energía vinculados a las emisiones de CO2 y los impuestos a la energía basados en el contenido energético de los productos, es decir, el impuesto general de consumo energético. Los primeros se calcularían en euros por tn de emisiones de CO2 y los segundos, en euros/GJ del valor calorífico neto de los productos.
En consecuencia, la propuesta de Directiva establecería que a partir del 1 de enero de 2013, sea cual sea el combustible (gasoil, gasolina, queroseno, gas, carbón, fueoil) y su uso (motor, calefacción..) se aplicaría un impuesto por emisiones de CO2 de una cuantía mínima de 20 €/tn de CO2 emitida.
Asimismo, la propuesta fija los mínimos aplicables a los impuestos de consumo de energía, los cuales variarían según tipo de combustible, uso y calendario (a partir del 1 de enero de 2013, 1 de enero 2015 y 1 de enero de 2018).
Otra novedad muy significativa, es que la Directiva quiere modificar el actual régimen especial de impuestos a la energía que tiene el sector agrario, hortícola, piscícola y forestal. Hasta ahora, la directiva vigente permite que los estados miembro puedan aplicar a estos sectores un impuesto energético reducido, motivo por el cual el gasóleo agrícola es más barato que el gasóleo de automoción.
La propuesta de Directiva, por el contrario, propone que este régimen de impuestos reducidos solo se podría mantener en el caso de que “los beneficiarios estuvieran sujetos a compromisos dirigidos a un aumento de la eficiencia energética equivalente a los que se hubieran conseguido si se hubieran observado los cuantías mínimas estándar de la UE”. La redacción del artículo de la directiva propuesta no deja muy claro como se vería afectado el sistema actual, de ser aprobada la propuesta.
Otra novedad es que al sector agrario, hortícola, piscícola y forestal habría que equiparlo al industrial en lo que se refiere a los impuestos sobre emisiones de CO2.
La propuesta de directiva también recoge la posibilidad de que España puede aplicar, en algunas partes de su territorio, unos niveles más altos de impuestos generales al consumo de energía.
La Comisión tendría la obligación de presentar al Consejo, cada 5 años, un informe sobre la aplicación de la directiva.
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