La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha organizado una audiencia pública sobre «El papel del PE en la política comercial, un año después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa», en la que se expuso el papel decisivo que ahora tiene el PE al poder aceptar o rechazar los acuerdos comerciales que negocia la Comisión Europea y en la negociación de dichos acuerdos.
Las opciones políticas que el PE tiene a la hora de emitir su opinión sobre los acuerdos comerciales alcanzados por la Comisión son:
· Aprobar con o sin declaración política
· Aprobar con una petición de declaración de la CE
· Aprobar una declaración política sobre los objetivos a alcanzar antes de que se hayan acabado las negociaciones
· Dar condiciones para la aprobación en diferentes etapas de las negociaciones
· Rechazar
En la audiencia pública, celebrada el 1 de diciembre, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional (COM_INTA), Vital Moreira, destacó que la inclusión de la política comercial entre los temas que decide el PE supone un «cambio de gran calado» y puede tener consecuencias muy importantes. Destacó el caso del Acuerdo de Libre Comercio con Colombia, en el que había grupos políticos que estaban en contra de su firma por el hecho de que no se tenían en cuenta los aspectos no comerciales, como el respeto a los derechos humanos.
El nuevo papel del PE es decisivo para la entrada en vigor del acuerdo sobre el protocolo agrícola del acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, firmado este lunes por el Consejo de Ministros de la UE y las autoridades marroquíes, ya que antes del Tratado de Lisboa, este acuerdo ya hubiera entrado en vigor, mientras que con las nuevas atribuciones del Tratado, es obligatorio que el PE emita su dictamen. El voto del PE está previsto para el mes de mayo, después de que la Comisión de Comercio Internacional, con el apoyo de las Comisiones de Agricultura y de Pesca elabore un informe sobre el Acuerdo.
En este sentido y teniendo en cuenta que el Tratado de Lisboa hace sólo un año que entró en vigor, el 1 de diciembre de 2009, no existen precedentes de qué ocurriría en el caso de que el PE rechazara un acuerdo ya negociado por la Comisión y en el caso de Marruecos, incluso rubricado por ambas partes. Según distintas fuentes, la Comisión debería volver a negociarlo.
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