Ayer, el Comisario de Salud Pública, John Dalli, presentó la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo marco legislativo para aprobar organismos modificados genéticamente (OMG). Según ya se sabía antes de la presentación oficial de la propuesta, los Estados miembro podrán permitir o no el cultivo en su territorio (en todo o en parte) de un OMG que ha sido previamente autorizado por la UE. El sistema de aprobación comunitaria de OMG no variaría, seguiría siendo igual de estricto y basado en razones científicas.

El paquete legislativo presentado por la Comisión Europea consta de una Comunicación, una nueva Recomendación sobre co-existencia de cultivos OMG con los convencionales y ecológicos y una propuesta de reglamento con los cambios en la legislación sobre OMG.

En la antigua recomendación sobre co-existencia de 2003 había una vinculación directa entre las medidas de co-existencia (como por ejemplo, la distancia entre campos MG y no MG) con el cumplimiento del umbral del 0,9% de presencia de MG en otros cultivos. La nueva recomendación es más estricta que la anterior, ya que los Estados miembro podrían adoptar medidas de coexistencia para evitar la presencia no intencionada de cultivos OMG en cultivos ecológicos y convencionales y también, establecer medidas para limitar el contenido de OMG en alimentos y piensos a niveles por debajo del umbral de etiquetado del 0,9%. La Recomendación también clarifica que los Estados miembro pueden establecer áreas de libres de OMG.

El reglamento propuesto, que va a revisar la Directiva 2001/18/CE, recoge que los Estados miembro podrán restringir o prohibir el cultivo de OMG en todo o en parte de su territorio, sin el recurso de la cláusula de salvaguardia. No obstante, esta prohibición o restricción no influirá en los principios del Mercado Único (es decir, no se podría limitar el movimiento de mercancías procedentes de un país donde se cultiva OMG) ni contravenir las obligaciones internacionales de la UE.

Esta propuesta de reglamento tiene que ser adoptada por un procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo y el Consejo.