El Parlamento Europeo considera que los sistemas de certificación privados «se convierten, en muchos casos, en una carga económica y administrativa para el acceso del agricultor al mercado», tal y como recoge la resolución de esta institución comunitaria sobre política de calidad de los productos agrícolas, aprobada en la última reunión del mes de marzo.
En la resolución del Parlamento Europeo del 25 de marzo sobre «la política de calidad de los productos agrícolas: ¿qué estrategia seguir?, la Eurocámara dice, en el apartado relativo a sistemas de certificación privados y en concreto en el punto 61, que los sistemas de certificación privados «no aportan mayor información relativa a la calidad de los productos, sino que se convierten, en muchos casos, en una carga económica y administrativa para el acceso del agricultor al mercado».
En el punto 62, el Parlamento Europeo apoya la creación de un marco legislativo comunitario de principios básicos, con el fin de que estos sistemas privados de certificación funcionen de forma transparente.
Por otra parte, en el punto 63, el Parlamento «apoya la iniciativa de la Comisión Europea de elaborar unas directrices de buenas prácticas para el funcionamiento de todos los sistemas que guarden relación con la calidad de los productos agrícolas». «Considera que estas directrices deben ser seguidas por los operadores y contener una serie de conceptos para ayudar al sector productor a fomentar el valor añadido de sus producciones, el reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación y la participación del sector productor en la elaboración de los mismos, y favorecer, a través de agrupaciones de productores, la simplificación de las cargas administrativas de la certificación con el objeto de reducir al nivel más bajo posible los costes de los agricultores».
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