LA UNIÓ demanda al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ponga en marcha un proyecto de Ley de Modernización de la Agricultura como el que ha aprobado su homólogo Nicolás Sarkozy y que contempla entre otras cosas la posibilidad de contratos obligatorios entre el productor y el comprador de productos agrarios.
El contrato que propone el Gobierno francés, ya aprobado por su Consejo de Ministros y actualmente en fase de debate en la Asamblea Nacional, contiene una duración mínima de 1 a 5 años e incluye cláusulas de volumen, condiciones de entrega y determinación de precio. La falta de contrato escrito y la ausencia de una o varias cláusulas obligatorias podría conllevar sanciones de hasta 75.000 euros.
LA UNIÓ denuncia que aquí se incumplen de forma sistemática los tratos de compraventa en el sector agrícola, con especial incidencia en el sector citrícola. La mayoría de los comercios sigue utilizando todavía un albarán de compra como fórmula de transacción comercial con el productor, en lugar de un contrato pese a existir uno consensuado en la interprofesional citrícola Intercitrus desde hace tiempo. Así, cada operador comercial utiliza la fórmula que le viene en gana y los diferentes albaranes o contratos empleados contienen cláusulas en muchos casos leoninas y totalmente diferentes y dispares.
LA UNIÓ considera que la impotencia e indefensión por parte del agricultor en los abusos de falta o incumplimiento de contratos debe ser desterrada de una vez por todas del campo valenciano y las Administraciones Públicas deben hacer lo posible por evitarlo.
Este proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo francés crea de forma permanente y le da mayor contenido a un Observatorio de formación de precios y márgenes que proporcione estudios de costes y de estado de la producción, cuando aquí ni sirve el actual Observatorio estatal y de los autonómicos muy poco se conoce. El proyecto de Ley francés también modifica el código de comercio y regula la publicidad de los precios promocionales de las frutas y hortalizas fuera del lugar de venta. Establece en este sentido que será obligatorio, salvo en el caso de la fruta a granel, un contrato de compra escrito y previo al anuncio del precio promocional. También prohíbe la política de descuentos en los periodos de crisis o precios excepcionalmente bajos, situaciones que viene denunciando LA UNIÓ desde 2003 y que han realizado algunas cadenas de descuento muy conocidas.
La Ley de Modernización de la Agricultura clarifica así mismo en qué casos y con qué condiciones se pueden llegar a acuerdos dentro de las interprofesionales. Otro de los asuntos que impulsa el proyecto de Ley es un Fondo nacional de riesgos con una sección de cobertura de riesgos sanitarios y medioambientales y otro de calamidades climáticas.
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