ASAJA considera “incomprensible” la decisión del ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de vincular la concesión de las ayudas adicionales comunitarias que reciben los ganaderos de leche a la firma de un contrato tipo con la industria a la que suministran su producción. Este requisito es de todo punto improcedente y ASAJA ya ha presentado las alegaciones oportunas al proyecto de Real Decreto elaborado por el MARM sobre los pagos directos 2010-2011, donde se regula, con el fin de que sea eliminado.
Ya en la pasada campaña el ministerio trató de imponer este mismo requisito a los productores y Asaja, se mostró contraria a esta propuesta. Con el rechazo generalizado de los ganaderos, el ministerio se vio obligado a dar marcha atrás, aunque no obstante este año ha vuelto a incluir esta pretensión en el R.D. de aplicación en el año 2010 y 2011 de pagos directos a la agricultura y la ganadería .
Desde ASAJA creemos que vincular las ayudas a los contratos, es una imposición dirigida a los ganaderos que siguen siendo el eslabón más perjudicado de la cadena, y en la actualidad supondría un problema añadido a la ya grave situación de los productores de leche que ven peligrar el futuro de sus explotaciones.
La concesión de estas ayudas a los ganaderos de leche resulta de vital importancia para su supervivencia, sobre todo en el momento actual, donde la rentabilidad de sus explotaciones ganaderas es prácticamente nula, debido a la grave crisis de precios en origen que soporta la producción láctea. El montante de las ayudas provenientes de los pagos adicionales será de aproximadamente de 18.963.000 euros para la campaña 2010-2011, una inyección financiera de la que los ganaderos no pueden, en ningún caso, prescindir.
Por último, ASAJA quiere recordar que en estos momentos la mayor parte de la industria láctea de nuestro país está incumpliendo el compromiso reflejado en el Acuerdo Lácteo alcanzado el pasado mes de julio que obliga a realizar un contrato homologado con el ganadero. En opinión de ASAJA resulta incoherente la pretensión del ministerio de exigir al ganadero este contrato para percibir unas ayudas que proceden de Bruselas, y a las que la propia Unión Europea no condiciona con este tipo de trabas.
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