27 de marzo de 2007. El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ve muy positivo que se quiera incentivar la utilización de forma eficiente de los recursos hídricos ya que el agua es un bien natural limitado y su escasez puede provocar un desastre natural y humano irreparable. No obstante, manifiesta que hay que estudiar con detalle algunos planteamientos de esta propuesta por las repercusiones que tendría para los usuarios, especialmente los agricultores:
– A priori, y a falta de los detalles de un Análisis de Sensibilidad Económica que permita determinar con mayor claridad el impacto que va a tener sobre los costes de explotación de la agricultura, se intuye que tendrá repercusiones sobre aquellos cultivos cuyo margen de rentabilidad económica ya es precario antes de la entrada en vigor de las nuevas tasas, provocando que algunos cultivos de regadío disminuyan su superficie cultivada y que sean sustituidos por otros alternativos y de mayor rentabilidad, allí donde sea posible por sus condicionantes geográficos y climáticos. Aquí se pone de manifiesto la dificultad que tienen los productores agrarios de poder traspasar los incrementos de costes al precio final del producto por lo que la consecuencia más probable es que desaparezcan del mercado los más débiles y los de las zonas que tienen menos alternativas.
– Por otro lado, al añadirse un nuevo coste a los costes totales de producción de los cultivos bajo regadío, se producirá una pérdida de competitividad de las producciones españolas frente a terceros que no tienen este problema. Este es el caso de las producciones de hortalizas y cítricos de Marruecos que son más competitivos por tener costes de producción más bajos.
– Otro factor que induce a una reducción de la superficie regada, que a priori no sabemos cuantificar, es que se producirá en algunas zonas la reducción de los recursos disponibles como consecuencia de la regulación de las aguas subterráneas tratando de impedir las sobreexplotaciones de los acuíferos.
– Se echa en falta la inclusión de criterios agronómicos para evaluar la calidad de las aguas susceptibles de ser aplicadas al regadío si bien en la Disposición Final Cuarta del Borrador de Ley se especifica que a propuesta de los Ministros de Medioambiente, Sanidad y Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno regulará los requisitos básicos de calidad de las aguas para riego y, en particular, el empleo de aguas residuales depuradas.
– Por último, consideramos que debería contemplarse una dotación presupuestaria para hacer frente a las obligaciones que se deriven de la nueva legislación. Hay que tener presente que las Administraciones también son titulares de la explotación de un número importante de presas y embalses
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