En 1984, antes de la adhesión de España, la Comunidad Europea impuso a los países productores de aceite de oliva la creación de agencias especializadas para el control de las ayudas al aceite de oliva. Esta obligación, insólita en el marco de la PAC (ningún otro sector se ha visto imponer una estructura de represión del fraude específica), se explicó por el alto riesgo existente. De hecho, y a pesar de la creación de estas Agencias en los cuatro principales productores (Italia y Grecia, y luego España y Portugal) y de la posterior implantación de un SIG oleícola (que llega a localizar cada olivo por sus coordenadas), se han venido sucediendo correcciones financieras millonarias por irregularidades, como la que parece se prepara en estos momentos contra España por mal funcionamiento de los sistemas de control.
Con la desaparición de las ayudas a la producción en la última reforma (la última ayuda pagada correspondió a la campaña 2004/2005), la Unión Europea ha dejado de cofinanciar, como venía haciendo, el 50% de los gastos de funcionamiento de estas Agencias, al desaparecer la tarea para la que se crearon. Mientras en Italia se ha reconvertido la Agencia (www.agecontrol.it), que ha pasado a tener como principal competencia el control de las normas de calidad de las frutas y hortalizas frescas, junto a otras tareas complementarias, en España se ha decidido mantenerla recogiendo información sobre el sector del aceite de oliva (Orden APA/2677/2005).
Como esta información ya no puede servir para control de unas ayudas que ya no existen (han pasado a ser desacopladas o por hectárea), se indica que permitirá “asegurar la transparencia del mercado” español. Se mantiene así la excepcionalidad del sector del aceite de oliva, tanto por la obligación que se impone a los operadores de informar con un detalle poco frecuente en otros sectores económicos, como porque en ningún otro, ni siquiera en los que mantienen todavía sistemas de control de la cantidad producida (como el lechero o el azucarero), existen agencias especializadas.
En el presupuesto de 2007, como en el de 2006, desaparecida ya la cofinanciación del FEOGA, el Estado asume la totalidad del coste de funcionamiento de la Agencia, superior a 6 millones de euros, que se destinan sobre todo a pagar a la plantilla de unas 140 personas.
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