Toledo, 24 de noviembre de 2005. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha advertido de que la reanudación de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) relativas a la ejecución de cierres de pozos y la incoación de expedientes sancionadores obstaculizan la negociación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), a la vez que vulneran los compromisos adquiridos tras la manifestación del 1 de julio en Ciudad Real en el sentido de paralizar este proceso mientras se negociaba el citado Plan.
Es por ello que ASAJA de Castilla-La Mancha ha alertado de que estas actuaciones están generando un clima de desconfianza absoluta que podría derivarse en una radicalización de sus protestas y ha hecho un llamamiento a la CHG para que deje de actuar “por libre” emitiendo comunicados de prensa que sólo sirven para confundir y crispar a la sociedad.
ASAJA ha manifestado que esos comunicados desautorizan al propio Ministerio de Medioambiente porque lo único que pretende la Confederación es justificar que sus actuaciones se ajustan a “un uso razonable de la ley”, sin tener en cuenta que se ha generado un problema social que afecta a más de 40.000 familias y que si la ley no atiende las necesidades de los ciudadanos debe cambiarse.
La Organización Agraria considera que la Confederación debería centrar sus esfuerzos en resolver el problema existente y facilitar el camino para llegar a una solución política porque lo único que va a conseguir con estas actuaciones es retrasar una medida global para los acuíferos sobreexplotados y, por lo tanto, impedir un uso sostenible del agua en la zona.
ASAJA de Castilla-La Mancha no comprende qué razones tiene la CHG para seguir actuando de esta manera sin considerar las directrices políticas que podrían dar soluciones a muchas de las situaciones existentes y que, según la Organización Agraria, pasan por la aprobación de una ley de punto final que otorgue un carné de identidad a cada pozo, haciendo posible un control efectivo de los mismos dentro de un nuevo marco legal que permita el acceso al banco de derechos del agua.
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