Sevilla, 8 de Julio de 2004. Aviones partirán desde el aeropuerto de Málaga y y Salamanca con remolacheros andaluces y castellano leoneses, con destino a Bruselas. Se concentrarán frente a las puertas de la sede de la Comisión Europea en la capital belga para exigir que el Colegio de Comisarios no de el visto bueno al texto de reforma de la OCM del azúcar defendida por la Comisión y que se ha filtrado hace unos días. Alrededor de 1.000 agricultores inician el primero de los actos en defensa del sector. Un acto de protesta que contará también con la presencia de cultivadores de Italia y Portugal, dos de los países afectados. Menos cupos de remolacha y precios más bajos, unión de cuotas A y B y transferencias de cupos entre Estados Miembros son algunos de los términos que contempla la Comisión. Según ha explicado hoy en rueda de prensa celebrada en Sevilla el Vicesecretario General de UPA-A, Francisco Moreno, con esta reforma los profesionales sufrirían un recorte en un 43% de los precios percibidos por la remolacha en 2008 (de 49 euros por tonelada se pasaría a 27), lo que haría inviable el cultivo. En riesgo, según ha argumentado Moreno, están 7.000 agricultores andaluces que concentran una superficie de 40.000 hectáreas, una media de producción de 2,5 millones de toneladas, y la supervivencia de fábricas azucareras andaluzas (las de Guadalete y Guadalcacín en Jerez; la Rinconada en Sevilla y Linares en Jaén) y sectores auxiliares (transportes, fitosanitarios, maquinaria y otros proveedores). Moreno ha alabado el clima de entendimiento y unión de todo el sector, que ha rubricado un manifiesto común frente a la reforma –UPA, ASAJA, CNCRCA y COAG-.
Juan Sánchez, miembro de la Sectorial de Remolacha de UPA en Sevilla, ha advertido que la propuesta de reforma que podría presentarse al Colegio de Comisarios el 14 de julio próximo sólo beneficia al lobby de las multinacionales alimentarias (Nestlé y Coca-Cola entre otras), interesado en conseguir materia prima más barata en terceros países en los que se produce bajo condiciones de dumping social, mientras que los consumidores seguirán pagando lo mismo por estos productos. “El 75% de los beneficios de los agricultores tienen que ser destinados a pagar inputs. Es decir, al productor sólo le queda el 25% de ingresos. Y ahora viene la Comisión y pretende bajar el precio de la remolacha un 40%, con lo cual sería imposible producir”, ha argumentado Sánchez, quien matiza que “Fischler pasará a la historia por lapidar los cultivos mediterráneos, una barbaridad puesto que con ello destruye todo un tejido productivo de las zonas rurales”.
José Manrique, miembro de la sectorial de remolacha de UPA en Cádiz, una de las zonas más afectadas, ha alertado en esta rueda de prensa, por su parte, que la reforma sería “una catástrofe para la agricultura en las zonas productora, especialmente en el Bajo Guadalquivir, para las que no existen alternativas de cultivo. Unas zonas que se han visto también perjudicadas por la reciente reforma del régimen de ayudas al algodón”.
Los responsables de UPA-A han pedido al Gobierno, asimismo, que “se ponga en cabeza y defienda a este sector tan importante para España y Andalucía, y para ello cuenta con todo nuestro apoyo. No obstante, si no hiciera sus deberes, tendríamos que pedirle explicaciones y convocar, llegado el caso, nuevas movilizaciones”. Para la organización sindical, que ha desautorizado los argumentos falsamente solidarios que esgrimen las autoridades comunitarias para defender un cambio en el status quo actual, “los agricultores somos los más solidarios con países terceros productores de azúcar del Tercer Mundo, pero conviene que recordar que los argumentos presuntamente solidarios que defiende la Comisión Europea son demagógicos y sólo benefician a multinacionales que explotan a la población de estas naciones”. “Se pide a los pobres de los países ricos que sean solidarios con los ricos de los países pobres, y eso no es justo”, concluye Francisco Moreno.
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