28 de junio de 2004. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha votado en contra del último trasvase aprobado por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura que ha acordado derivar un total de 114 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura para el próximo trimestre. Este trasvase es el último del año hidrológico.
Ante este hecho, el Ejecutivo regional quiere poner de relieve nuevamente el anacronismo que supone un trasvase como el Tajo-Segura, concebido con criterios de más de treinta años de antigüedad, que hoy serían objeto de rechazo generalizado.
En consecuencia, es lógico proceder sin tardanza a una revisión de las necesidades de recursos hídricos en la cuenca cedente. Y, en especial, debe revisarse el estado ecológico del río Tajo, intensamente afectado por la detracción de los caudales trasvasados, un río en el que están lejos de cumplirse las exigencias de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea
Por todo ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha reclama como prioritarias y urgentes las obras para que el trasvase sea útil en la región. Ello se consigue dando cumplimiento al Real Decreto-Ley de 1995 que permite la aplicación de parte de los recursos trasvasados al abastecimiento de agua potable de las poblaciones del Alto Guadiana.
Una posibilidad que aún no ha podido materializarse por la paralización en todo este tiempo de la infraestructura de conexión del Acueducto Tajo-Segura con las poblaciones manchegas. Se trata de una obra de interés general con cuya realización se ha comprometido el Gobierno central.
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