La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha aprobado nuevas medidas de flexibilidad para aplicar los ecorregímenes en la campaña 2026/2027. Los cambios afectan a la rotación de cultivos con especies mejorantes y a la siembra directa.
La resolución declara circunstancias excepcionales por las elevadas poblaciones de topillo campesino y recoge las recomendaciones científico-técnicas de la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados. A ese escenario se suman el encarecimiento de fertilizantes y combustibles, la presión sobre los márgenes de las explotaciones y unos precios débiles, sobre todo en los cultivos herbáceos.
El consejero, Joaquín Antonio Pino, ha defendido que, cuando existen problemas agronómicos y fitosanitarios acreditados, «la obligación de la Administración es adaptar las reglas, dar seguridad jurídica y permitir que el profesional tome las decisiones que necesita su explotación».
El 25 % y el chísel
En la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes, baja al 25 % la superficie que cada año deberá tener un cultivo distinto del anterior. Además, la superficie declarada como barbecho después de una leguminosa se computará a efectos del porcentaje de rotación.
En la siembra directa se permitirá el laboreo vertical con cultivador, chísel o grada de discos pequeños, siempre que no se invierta la tierra y el rastrojo se mantenga sobre el suelo, de modo que la superficie permanezca cubierta durante todo el año. La Consejería sostiene que esta adaptación compatibiliza el compromiso ambiental con las labores recomendadas para prevenir y controlar las poblaciones de topillo campesino.
Ambas medidas se suman a la resolución del 25 de septiembre, que adelantó la recolección de las superficies de girasol declaradas como «no cosechado» en el ecorrégimen de biodiversidad. Según la Consejería, el conjunto aporta certidumbre al inicio de la campaña y evita que una interpretación rígida de la norma derive en incumplimientos, penalizaciones o pérdidas de ayuda ajenas a la realidad productiva.
Una segunda ronda con el Ministerio
La Junta afirma haber utilizado las posibilidades de adaptación que la normativa permite dentro de sus competencias. Considera, no obstante, que una parte relevante de las rigideces de la PAC depende del diseño nacional del Plan Estratégico y exige decisiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por eso, Pino iniciará nuevas conversaciones con el Gobierno para reclamar cambios adicionales en rotaciones, cultivos mejorantes y leguminosas, explotaciones mixtas de secano y regadío, siembra directa y espacios de biodiversidad.
«Castilla y León está haciendo su parte. Ahora corresponde al Ministerio dejar de limitarse a hablar de simplificación y convertirla en decisiones útiles», ha señalado el consejero. Pino atribuye muchas de las dificultades del campo no a Bruselas, sino a un PEPAC nacional que califica de «excesivamente rígido, burocrático e intervencionista».
El consejero ha precisado que Castilla y León no plantea eliminar compromisos ambientales, sino hacerlos cumplibles con reglas realistas y ajustadas a cada territorio. «La sostenibilidad que arruina al agricultor no es sostenible», ha afirmado.
La Consejería defiende que la PAC vuelva a situar en el centro al agricultor y al ganadero profesional, y que la tecnología y los controles ayuden a cumplir en lugar de convertirlo en un gestor administrativo permanente. Castilla y León seguirá reclamando una simplificación que suponga desregulación efectiva, con menos duplicidades, controles basados en el riesgo, penalizaciones proporcionadas y posibilidad de subsanar errores antes de sancionar cuando no exista fraude.
«Una incidencia formal no puede poner en riesgo la renta ni la viabilidad de una explotación», ha concluido Pino, para quien el compromiso con el campo «no se mide por declaraciones, sino por decisiones».
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