El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo real decreto-ley que amplía hasta el 31 de diciembre las ayudas para compensar el sobrecoste de los combustibles en los sectores agrario y pesquero. La norma da continuidad a las medidas del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, y del Real Decreto-ley 18/2026, de 30 de junio, dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La prórroga de la ayuda al gasóleo agrícola la había avanzado la semana pasada el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras reunirse con las organizaciones agrarias.
Para el último trimestre se mantiene la estructura de apoyo vigente durante el verano. En el ámbito agrario continúa la bonificación de 20 céntimos por litro sobre el consumo de gasóleo B, que se articula mediante la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Esta medida cuenta con 52 M€, que se suman a los 107 M€ aprobados con anterioridad.
El Ministerio recuerda que las nuevas medidas suman 67 M€, con lo que la dotación acumulada para amortiguar el impacto de los combustibles llega a 209 M€: 159 M€ para el gasóleo agrícola y 50 M€ para el sector pesquero. El importe total de las ayudas específicas para ambos sectores dentro del plan asciende ya a 1.174 M€.
Un tope fijado desde Bruselas
En paralelo, el Ministerio de Agricultura asegura trabajar en completar el despliegue de la ayuda extraordinaria para la compra de fertilizantes, dotada con 665 M€. Tras el primer pago, ejecutado a principios de septiembre por 494,5 M€ a 249.376 agricultores, el FEGA publicará en la segunda semana de octubre la segunda resolución de beneficiarios.
Todas estas ayudas se financian con los Presupuestos Generales del Estado. Además, Planas ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los 50 M€ que han correspondido a España del Fondo de Reserva de Crisis de la Unión Europea, una cantidad que se puede complementar hasta el 200 % para habilitar ayudas adicionales para fertilizantes o costes energéticos.
Con los 665 M€, España ha alcanzado el límite de ayuda de Estado autorizado por la Comisión Europea, que permite financiar hasta el 70 % del incremento del precio de este insumo. No obstante, las comunidades pueden elevar esa cobertura hasta el 100 % del sobrecoste de cada beneficiario a través de la reserva de crisis.
Dado que las ayudas al sector primario, en particular las de fertilizantes y las medidas tributarias, buscan también contener los precios de los alimentos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará un seguimiento de su evolución. Lo hará mediante un estudio, que se publicará, sobre el funcionamiento y el grado de competencia a lo largo de la cadena de valor y su incidencia en los precios.
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