El Parlamento Europeo aprobó ayer, martes 15, en pleno, su posición de negociación sobre la revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), por 464 votos a favor, 50 en contra y 159 abstenciones. La Eurocámara rechazó la salvaguarda que había propuesto la Comisión Europea —el artículo 27a, que habría permitido retirar determinados productos del ámbito del mecanismo en episodios de subidas bruscas de precios— y planteó en su lugar un mecanismo para redirigir temporalmente los ingresos del CBAM generados por esos productos hacia los sectores afectados.
Junto a la revisión del CBAM, el pleno aprobó también, por 433 votos a favor, 97 en contra y 146 abstenciones, su posición sobre el Fondo Temporal de Descarbonización (TDF), destinado a proteger a los productores europeos en los mercados de exportación. El Parlamento amplía su vigencia a 2027-2029, frente a 2028 en adelante según planteaba la Comisión, y abre el fondo a los productores de fertilizantes y a quienes los emplean como insumo, incorporando la urea, el nitrato amónico y el sulfato amónico a la lista de productos elegibles.
El ponente del expediente sobre el fondo, el eurodiputado Pascal Canfin (Renew, Francia), asegura que el Parlamento ofrece con este mecanismo «una solución más robusta para los agricultores golpeados por los costes de los fertilizantes» frente a competidores que no pagan un precio por el carbono. Con esta posición cerrada, la Eurocámara queda ya en condiciones de iniciar las negociaciones con los Estados miembros sobre la forma final de la norma.
Copa-Cogeca: «poco más que un parche»
La lectura del sector agrario dista mucho de esa lectura institucional. Copa-Cogeca, la organización que agrupa a las organizaciones agrarias y cooperativas europeas, se mostró profundamente decepcionada tras el pleno, en un momento en que considera que el sector afronta ya una situación económica difícil, con el encarecimiento de los insumos, pérdidas por fenómenos meteorológicos y una creciente incertidumbre en los mercados internacionales. La organización considera que el rechazo de la salvaguarda original —el artículo 27a, que sí habría permitido excluir productos del CBAM en episodios de precios disparados— deja a los agricultores plenamente expuestos a los costes del mecanismo en plena tensión de precios de los fertilizantes, uno de sus principales costes de producción.
A su juicio, sin esa posibilidad de suspender el mecanismo en disrupciones graves del mercado, el CBAM corre el riesgo de agravar las crisis en lugar de amortiguarlas. La organización considera que la decisión, al respaldar un planteamiento centrado en la industria sin ofrecer una salvaguarda real para los agricultores, puede debilitar la capacidad productiva europea y dejar al sector más expuesto en un mercado que sigue sin ser transparente, con el riesgo de que el incremento de los costes de producción acabe repercutiendo en los precios de los alimentos y en los consumidores.
Copa-Cogeca lamenta que existiera una alternativa equilibrada, que habría permitido mantener los objetivos de descarbonización y competitividad de la industria europea de fertilizantes junto a una salvaguarda específica y temporal para los agricultores en situaciones de crisis, reforzando así la resiliencia de toda la cadena agroalimentaria. Tampoco da por buena la alternativa que el Parlamento presenta como solución para el sector: la redirección de ingresos del CBAM hacia los sectores afectados no sería, en su valoración, «más que un parche»; y la incorporación de los fertilizantes al Fondo Temporal de Descarbonización le resulta igualmente insuficiente, al estar el fondo pensado para productores orientados a la exportación y limitado a dos años, frente a un CBAM de carácter permanente cuyos costes se espera que aumenten progresivamente hasta 2034.
Con la posición ya cerrada en el Parlamento y una del Consejo que, a su juicio, apenas ofrece más margen, Copa-Cogeca pide a los eurodiputados y a los Estados miembros que aprovechen el próximo trílogo, así como la revisión del RCDE/ETS, para abordar lo que define como un problema estructural, y advierte de que los agricultores y las cooperativas agroalimentarias europeas no pueden seguir actuando como amortiguador de determinadas políticas comunitarias.
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