La agricultura da empleo a 30 millones de personas en la Unión Europea y aporta alimento a 450 millones de europeos; el sector contribuyó con 532.000 millones de euros al PIB comunitario en 2024, de los que unos 80.000 millones correspondieron a frutas y hortalizas frescas, cultivadas en torno a dos millones de explotaciones. En ese contexto, el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado este martes un informe especial que constata que las organizaciones de productores (OP) del sector están perdiendo terreno pese al apoyo comunitario, y que el número de agricultores afiliados a ellas cayó un 39% entre 2012 y 2023.
Los auditores atribuyen ese retroceso a un apoyo nacional desigual entre los Estados miembros, a la complejidad de la normativa europea y a una respuesta insuficiente de la Comisión ante los retos que afronta el sector. «Si queremos que las organizaciones de productores ayuden a los agricultores a hacer frente a los grandes compradores y permitan a los consumidores disfrutar de una amplia variedad de frutas y hortalizas europeas, debemos simplificar las normas, armonizar el apoyo nacional y hacer más atractiva la afiliación», ha señalado Keit Pentus-Rosimannus, miembro del Tribunal responsable de la auditoría.
Financiación europea y falta de tamaño
Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas recibieron 1.060 millones de euros de apoyo comunitario en 2023, destinados a modernizar equipos, automatizar la producción, ahorrar energía y agua, obtener certificaciones de calidad y mejorar el embalaje, la logística y la imagen de marca ante el consumidor. Al estar la financiación ligada al valor de la producción comercializada, el sistema incentiva a las OP a crecer en volumen de negocio y a adaptar su producción a la demanda del mercado.
Ese apoyo, sin embargo, no ha bastado para reforzar su posición frente a los grandes minoristas. Solo en Bélgica y los Países Bajos las organizaciones de productores tienen un peso económico significativo, mientras que el porcentaje de producción comercializada a través de ellas oscila entre el 0,8% en Eslovenia y el 86% en Dinamarca, una brecha que los auditores atribuyen tanto a factores históricos y culturales como a las decisiones de cada Estado. Según el informe, algunas administraciones asesoran activamente a las organizaciones y financian una amplia gama de acciones, mientras que otras aplican normas de subvencionabilidad más estrictas, lo que genera condiciones de competencia desiguales dentro del mercado único y puede disuadir a los agricultores de afiliarse o de presentar programas operativos.
España, entre los países visitados por los auditores
La auditoría ha analizado 57 programas operativos y cinco asociaciones de organizaciones de productores, con visitas sobre el terreno a 19 organizaciones en España, Francia, Italia y Polonia. Los auditores han examinado además los marcos normativos nacionales y comunitarios de estos cuatro países, junto con informes de evaluación de Bélgica, Chequia, Alemania y los Países Bajos.
Según datos de la Comisión Europea recogidos en el informe, la UE contaba en 2024 con 1.488 organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, que agrupaban a 187.372 miembros, además de 69 asociaciones de organizaciones de productores. El Tribunal considera que la Comisión ha identificado parte de estos retos, pero no ha hecho lo suficiente para abordarlos ni para ayudar a los Estados miembros a comparar y armonizar sus instrumentos de ejecución.
El Informe Especial 22/2026, titulado «Organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas – Un terreno fértil para la competitividad si se cultiva adecuadamente», está disponible junto con un resumen de una página en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo.
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