El Ministerio de Agricultura ha denegado la autorización excepcional para la aplicación aérea con drones de tratamientos fitosanitarios contra la oruga defoliadora del maíz y las enfermedades fúngicas de la vid, solicitada por la Conselleria de Medio Rural de la Xunta de Galicia
Así lo trasladaron el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el director de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, Martín Alemparte, en una reunión mantenida con representantes de las Uniones Agrarias (UUAA), la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) y los consejos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas, centrada en la necesidad de seguir reclamando al Gobierno central este tipo de aplicaciones en zonas de difícil acceso u orografía compleja, como la Ribeira Sacra.
Según explicaron los directores, la normativa estatal que regula estos tratamientos se basa en la aplicación con aeronaves tripuladas y no contempla los drones, pese a que estos dispositivos tienen un menor impacto ambiental y permiten suministrar los productos fitosanitarios con mayor precisión. La Xunta aseguró que continuará defendiendo los intereses del sector agrícola y volverá a reclamar al Ministerio que traslade a la Unión Europea la adaptación de la normativa, de forma que el uso de drones se permita en situaciones normales, sin necesidad de declarar una plaga, y que se autoricen tratamientos específicos por vía aérea contra el gusano defoliador del maíz y las enfermedades de la vid. Los directores recordaron también que estos dispositivos reducen los costes de producción, aumentan la eficiencia y tienen menor impacto en los cultivos que los medios mecánicos.
Uniones Agrarias-UPA sostiene que, en un territorio como Galicia, caracterizado por explotaciones pequeñas, dispersión y orografía compleja, los drones constituyen una alternativa útil y eficaz, en especial ante plagas emergentes o cultivos donde la aplicación convencional presenta limitaciones evidentes.
Uniones Agrarias precisa que la propuesta no busca aumentar el uso de productos fitosanitarios ni modificar los objetivos europeos de reducción, sino mejorar el método de aplicación para lograr mayor eficacia con el mismo producto o menos, con menor deriva y mayor seguridad para trabajadores, cultivos y medio ambiente. La organización plantea que, mientras no se modifique el marco jurídico europeo, se recurra a la vía de excepciones que ya contempla la normativa vigente, no como una autorización general para drones, sino mediante la tramitación de expedientes específicos con condiciones delimitadas de producto, plaga, cultivo, zona, periodo y técnica.
La entidad señala la Ribeira Sacra como primera zona prioritaria, dado que la aplicación manual de tratamientos en viñedos con pendientes pronunciadas implica riesgos laborales, exposición directa de los trabajadores y pérdida de eficacia, agravados por la falta de mano de obra y el aumento de los episodios de calor. A su juicio, el uso de drones mejoraría la seguridad, reduciría los tiempos de trabajo, disminuiría el volumen de líquido empleado, actuaría con mayor rapidez frente a enfermedades como el mildiú y permitiría la trazabilidad digital de las aplicaciones.
Respecto al maíz forrajero, Uniones Agrarias advierte de que la propagación de la plaga del gusano soldado no se está combatiendo con éxito con los medios actuales, un problema que se agrava cuando el cultivo alcanza una altura que impide el acceso de la maquinaria sin dañarlo. Ante ello, la organización pidió a la Xunta una posición común de Galicia frente al Ministerio de Agricultura basada en defender ante la UE una actualización normativa que diferencie los drones de la aviación agrícola convencional, y en emplear con seguridad jurídica las excepciones ya previstas mientras ese cambio no se produce.
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