El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocó el martes la Mesa de Sanidad Vegetal, un encuentro en el que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunció la falta de materias activas disponibles para combatir plagas y enfermedades en los cultivos europeos.
De las más de 800 materias activas que se utilizan a nivel mundial, en Europa solo están permitidas 400, y en los últimos seis años y medio se han prohibido 89, según UPA. Esta reducción, unida al cambio climático (que favorece la aparición de plagas), está generando pérdidas a los productores y una situación de competencia desleal frente a países de fuera de la Unión Europea, de acuerdo con la organización agraria.
Ignacio Huertas, secretario de Agricultura de UPA, señaló que se han prohibido materias activas eficaces para ciertas enfermedades vegetales sin alternativas viables, por lo que las producciones «se han resentido en muchos sectores de manera importante». Esto obliga, explicó, a utilizar cada vez menos materias activas, lo que está provocando problemas de resistencias en plagas y enfermedades.
Diez propuestas para el reglamento ómnibus
El sindicato trasladó al Ministerio un decálogo de medidas para mejorar el Reglamento Ómnibus que se pretende aprobar a nivel europeo. Entre ellas, apuesta por una gestión integrada de plagas que combine el biocontrol con sustancias convencionales y reclama reciprocidad comercial, de forma que el nivel de tolerancia aplicado a las producciones de países terceros no discrimine a las europeas, y que esa exigencia se incorpore de forma sistemática a los acuerdos bilaterales de la UE, en línea con las cláusulas espejo.
Sobre las autorizaciones de emergencia, Huertas fue tajante: «Un agricultor no puede encontrarse a mitad de campaña con que el producto que necesita ha desaparecido porque no se ha resuelto su autorización». El secretario de Agricultura de UPA aportó además un dato revelador: en el año con más solicitudes de autorizaciones excepcionales, todas las presentadas por la organización (de forma individual o junto a otras entidades) han sido denegadas hasta la fecha.
UPA reclama igualmente un reconocimiento mutuo automático y vinculante de las autorizaciones entre Estados miembros, para acabar con situaciones en las que productores de otros países comunitarios compiten con productos autorizados que los agricultores españoles no pueden utilizar. «España tiene una enorme variedad de cultivos, y eso Europa tiene que entenderlo: quien tiene pocos cultivos necesita pocas materias activas; nosotros no», explicó Huertas, que trasladó también las dudas de la entidad sobre el calendario de aprobación del reglamento bajo la Presidencia irlandesa del Consejo, ante el riesgo de que los procesos electorales de 2027 en varios Estados miembros lo retrasen aún más.
Drones prohibidos frente a las plagas
Otro de los problemas urgentes pendientes de resolver es el encaje regulatorio del uso de drones en la aplicación de tratamientos fitosanitarios, algo que actualmente está prohibido salvo en situaciones de especial emergencia, que apenas se están autorizando en la práctica. Según UPA, los drones permiten una aplicación más localizada y de mayor precisión, con menor volumen de producto y de agua y menor gasto de combustible, además de facilitar el acceso a zonas de difícil mecanización. La organización pone como ejemplo la situación de los agricultores de maíz en Galicia, donde una grave plaga de taladro les afecta desde hace meses; a pesar de solicitar una autorización extraordinaria para el uso de dron, esta fue denegada.
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