La Asamblea Nacional de Francia ha dado luz verde al proyecto de ley de emergencia para la protección y soberanía de la agricultura (UPSA), un paquete normativo que introduce simplificaciones administrativas y refuerza la posición del sector primario, aunque el Ejecutivo galo ha advertido que varias enmiendas aprobadas vulneran el derecho comunitario.
El texto establece medidas para agilizar la puesta en marcha de infraestructuras hídricas y explotaciones ganaderas. En el caso del agua, los prefectos podrán flexibilizar los requisitos de los planes de gestión y relajar las restricciones en balsas de almacenamiento de menos de una hectárea. Asimismo, la ley habilita al Gobierno para simplificar el marco de las granjas de porcino, vacuno y avicultura, alineando los umbrales de autorización con la normativa europea.
En el ámbito medioambiental y de ordenación, la norma protege el suelo agrario frente a la expansión urbana. A partir de ahora, serán los promotores de proyectos urbanísticos contiguos a parcelas agrícolas quienes deberán instalar franjas de setos de separación, evitando que el agricultor pierda superficie productiva o se vea obligado a limitar el uso de fitosanitarios. Además, el texto dota de mayor flexibilidad a la gestión del lobo en función de la intensidad de la depredación y endurece las penas por robos o intrusiones en las fincas.
Para mejorar la posición del productor en la cadena, la legislación incrementa las sanciones a los compradores que eluden a las organizaciones de productores y establece plazos máximos de negociación. En la lucha contra la competencia desleal, se ha aprobado la creación de una brigada específica de control de mercancías importadas dotada con nuevas facultades de investigación y sanción.
El límite del mercado único europeo
Pese al avance general del texto, el Gobierno francés ha mostrado su rechazo a varias modificaciones introducidas por los parlamentarios que considera inaplicables por ser contrarias a las leyes de la Unión Europea. El principal choque se centra en el suministro a comedores públicos: mientras el Ejecutivo proponía exigir un 100 % de producto de origen europeo, la Asamblea ha impuesto que sea de origen exclusivamente francés, lo que invalidaría los contratos públicos al vulnerar la libre competencia comunitaria.
De igual modo, el Gobierno ha lamentado la alteración del artículo 2. La propuesta original buscaba prohibir la entrada de productos de terceros países tratados con sustancias vetadas en toda la UE. Sin embargo, los diputados han votado prohibir las importaciones tratadas con materias activas prohibidas a nivel nacional en Francia, una medida que el Ejecutivo advierte que es ilegal dentro del mercado único, ya que no se puede vetar la mercancía de otros Estados miembros. El proyecto de ley pasará ahora al Senado para continuar su tramitación.
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