El Gobierno de Castilla y León ha presentado sus alegaciones al documento previo del Plan Hidrológico del Duero 2028-2033, reclamando un modelo de gestión que evite los recortes sistemáticos. La Administración autonómica solicita la incorporación de más de 43.000 nuevas hectáreas de regadío y rechaza las restricciones automáticas a los aprovechamientos de aguas subterráneas planteadas por la demarcación.
La consejera de Agricultura, María González Corral, considera que la próxima planificación hidrológica es una oportunidad que no debe basarse en enfoques restrictivos. Según ha señalado la titular del departamento, María González Corral, la sostenibilidad de la cuenca no puede sostenerse únicamente en la reducción de consumos, sino que requiere la modernización de las instalaciones actuales, nuevas infraestructuras y una mayor regulación.
El Ejecutivo autonómico advierte de un déficit estructural en la región, que cuenta con 550.000 ha de regadío, lo que representa el 15 % de la superficie cultivable, frente al 22,3 % de la media nacional. A esto se suma una capacidad de regulación del 30 %, muy inferior a la de otras cuencas como el Ebro o el Tajo.
Ante este escenario, la Junta solicita que el nuevo Plan contemple el desarrollo de nuevos regadíos. En concreto, se propone incorporar en la planificación más de 43.000 hectáreas nuevas de regadío en las siguientes zonas:
Sectores Cea-Carrión: 1.500 ha.
Armuña: 24.000 ha (teniendo en cuenta el incremento de regulación ya previsto en el Plan).
Valduerna: 3.100 ha.
Arandilla: 1.200 ha.
Alaraz: 315 ha.
Lastras de Cuéllar: 6.000 ha.
Bombeo Araviana (Tajahuerte) 400 ha.
Zona regable de la margen izquierda del Tera 6.463 ha.
Valdavia 600 ha.
El fantasma del paso forzoso a secano
Otro de los ejes del texto autonómico es la oposición a las limitaciones generalizadas en las concesiones de aguas subterráneas. La Junta rechaza las reducciones automáticas de entre el 10 y el 25 % al modificar aprovechamientos y alerta de que denegar las novaciones implicaría el paso a secano de 32.000 ha. Según los datos del propio esquema provisional de la Confederación, este escenario supondría un coste sectorial de 17,8 M€ anuales y abocaría al abandono a más de 3.000 explotaciones.
Frente a esta política, la Administración regional plantea sustituir progresivamente los recursos subterráneos por superficiales y crear una mesa de trabajo conjunta con los usuarios y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Además, reclama que los ahorros de agua logrados gracias a la modernización no se traduzcan en recortes de derechos para los agricultores, sino que consoliden la seguridad jurídica de las fincas.
En materia medioambiental, el Gobierno castellanoleonés pide que las medidas contra la contaminación difusa se apliquen solo en masas de agua con afección demostrada y priorizando herramientas agronómicas de dosificación, como el sistema SATIVUM.
Por último, la Consejería exige un calendario de ejecución presupuestaria vinculante para evitar lo ocurrido con el ciclo de planificación anterior. Aquel plan se aprobó por real decreto en enero de 2023 con la introducción de nuevas restricciones, a pesar del rechazo frontal del Consejo del Agua del Duero y de que quedaron pendientes de ejecutar numerosas inversiones previstas.
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