El Gobierno de la Región de Murcia ha oficializado la declaración de la clorosis nervial amarilla (CYVCV) como enfermedad vegetal, activando un plan de contención de plagas. Sin embargo, la resolución ha chocado frontalmente con las organizaciones citrícolas, que reclaman la obligatoriedad inmediata de arrancar los árboles infectados para evitar la propagación incontrolada del patógeno.
La declaración de la enfermedad, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), contempla un primer paquete de medidas fitosanitarias tras confirmarse oficialmente cinco casos positivos. El Ejecutivo autonómico prevé realizar 700 prospecciones durante los próximos dos meses para trazar una radiografía precisa de la incidencia, además de establecer la desinfección obligatoria de herramientas de corte y la aplicación de tratamientos autorizados contra los insectos vectores del virus en todos los vegetales hospedantes.
Respecto a la destrucción del material vegetal, la Consejería de Agricultura ha justificado el aplazamiento de esta decisión amparándose en el criterio del Comité Fitosanitario Nacional y del Ministerio de Agricultura. Según la administración regional, las altas temperaturas estivales reducen la actividad biológica del virus, lo que proporcionaría un margen de tiempo adicional antes de recurrir a la eliminación definitiva de las plantaciones afectadas.
La otra cara de la crisis sanitaria
Esta paralización temporal de los arranques ha provocado el rechazo unánime de la interprofesional Ailimpo y de las principales organizaciones representativas del sector (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y Asocithader). El tejido productor considera que no ordenar el arranque inmediato de las parcelas positivas dejará la enfermedad sin control, provocando graves mermas productivas. Además, califica la actuación institucional como tardía e insuficiente frente a la magnitud del riesgo económico.
Además de la erradicación inmediata de las zonas infectadas, el colectivo agrario reclama que se haga público el diseño del programa de prospecciones autonómico para garantizar que la muestra sea verdaderamente representativa, exigiendo especial atención a las plantaciones instauradas en los dos últimos años. Asimismo, demandan un presupuesto específico para indemnizar a los citricultores afectados por los arranques e instan a que el cien por cien de la superficie cítrica regional quede inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA).
Como argumento adicional, las entidades murcianas contrastan esta estrategia de contención con las actuaciones recientes de la Comunidad Valenciana. En la región vecina, la presencia del CYVCV se declaró hace semanas estableciendo desde el principio la obligatoriedad de arrancar y destruir los árboles positivos, al tiempo que la administración ya prepara una línea de ayudas compensatorias para los agricultores afectados, quienes adquirieron originalmente plantones certificados bajo la premisa de estar libres de enfermedades.
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