Casi la totalidad de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana incumple la normativa que regula los Consejos Agrarios Municipales. Así lo ha puesto de manifiesto una encuesta de AVA-ASAJA elaborada a partir de 245 consultas a delegados locales en Valencia, Castellón y norte de Alicante, que concluye que solo en torno al 10% de los municipios respeta la Ley 5/1995 de la Generalitat Valenciana en esta materia.

Los datos desglosados revelan la magnitud del incumplimiento: 115 de los 245 ayuntamientos consultados —el 47%— ni siquiera han constituido el Consejo Local Agrario. De los 130 que sí lo han hecho, 31 no lo convocan con regularidad y 67 de los 99 que sí lo hacen no respetan la periodicidad trimestral que exige la ley. En total, solo 32 localidades cumplen la normativa, un 13% que la organización agraria reduce al 10% o menos al considerar que los municipios no consultados son mayoritariamente de escasa población y bajo asociacionismo agrario.
La provincia de Castellón presenta el peor balance. De los 40 municipios sondeados, únicamente cuatro cuentan con un consejo constituido y convocado con periodicidad trimestral: Benicarló, Cabanes, Vinaròs y Xilxes. El 65% de los pueblos consultados no ha constituido el consejo, el 14% de los constituidos no se reúne prácticamente nunca y el 66% de los que sí son convocados lo hacen apenas una o dos veces al año. En la provincia de Valencia, donde la encuesta abarca el 70% de los municipios, el 85% de los consistorios incumple sus obligaciones en esta materia.
Una ley sin vigilancia
Ante esta situación, AVA-ASAJA ha solicitado formalmente a la Conselleria de Agricultura que haga cumplir la Ley 5/1995. La organización pide la puesta en marcha de una mesa de seguimiento del proceso de creación de los consejos y, como medida de presión, plantea la retirada de ayudas autonómicas a los municipios que no los constituyan o no los reúnan trimestralmente.
La entidad también ha instado a los productores a trasladar a todos los partidos políticos —especialmente antes de las elecciones municipales— la necesidad de designar concejales de Agricultura con conocimiento del sector y compromiso con el funcionamiento regular de estos órganos. Entre las actuaciones que los consejos pueden impulsar, la organización cita el control de fauna salvaje, la lucha contra robos en el campo, las rebajas fiscales sobre el IBI rústico, el acondicionamiento de caminos rurales y los planes locales de prevención de incendios forestales.






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