El Gobierno del Principado ha presentado ayer en Bruselas el Pacto por el Medio Rural, una estrategia dotada con casi 500 M€ que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones agrarias pero que la Unión Rural Asturiana tilda de operación de imagen.
El documento estratégico contempla 120 medidas para el horizonte 2030. Entre los ejes principales destacan el impulso al relevo generacional, la mejora de la sanidad animal con una partida de 60 M€ y el fomento del pastoreo con 15 M€. El plan busca reforzar los servicios públicos en las zonas rurales y mejorar la rentabilidad de las explotaciones mediante modelos sostenibles y la modernización del sector.
El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha defendido en la capital comunitaria la importancia de esta hoja de ruta para garantizar la viabilidad del campo asturiano. El acuerdo cuenta con la firma de las organizaciones COAG, USAGA y UCA, además de las cooperativas agrarias, la Universidad de Oviedo y la Federación Asturiana de Concejos, buscando una proyección internacional de las políticas regionales.
¿Un brindis al sol en la capital comunitaria?
A pesar del despliegue institucional, la Unión Rural Asturiana (URA) ha denunciado que el pacto carece de contenido real y representatividad. El colectivo, que afirma representar a casi la mitad del sector primario de la región, decidió desmarcarse del proceso al considerar que no existían garantías para un planteamiento inclusivo. Para esta organización, el documento es una declaración de intenciones sin memoria económica verificable.
Desde URA señalan que la escenificación en Bruselas responde a una estrategia de la Consejería para maquillar una gestión que consideran insuficiente ante las instituciones europeas. La entidad critica que se utilicen viajes y fotos para ocultar la falta de medidas estructurales contra el abandono del medio rural y la baja rentabilidad que sufren los profesionales asturianos de forma crónica.
El colectivo ha cuestionado también la presencia de ASAJA en la delegación enviada a Bruselas, recordando que se trata de una organización que no cuenta con representación en el Consejo Agrario del Principado. Según la entidad crítica, esta inclusión resta legitimidad a una visita que pretende mostrar una unidad del sector que, a su juicio, no se corresponde con la realidad del campo.
Por su parte, los sindicatos firmantes defienden su presencia en el pacto como una vía para asegurar inversiones y estabilidad regulatoria. La disparidad de criterios subraya la fractura interna en la interlocución del sector primario asturiano, mientras el Ejecutivo regional insiste en que el texto es un compromiso firme con plazos y objetivos definidos para la próxima década.
La presentación en Bruselas marca el inicio de la fase de implementación de un plan que condicionará el reparto de fondos públicos en el sector agroalimentario asturiano hasta 2030. La eficacia del mismo dependerá de la capacidad de la administración para transformar estas líneas estratégicas en ayudas directas y mejoras de infraestructuras sobre el terreno.
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