La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que la Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha incumplido la resolución de las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores con un retraso de 106 días sobre el plazo legal establecido. Según la organización, la Conselleria tenía obligación de resolver como máximo el 7 de enero de 2026 —seis meses desde la publicación de la convocatoria el 7 de julio de 2025—, tanto por lo establecido en el artículo 15.3 de la Orden de bases reguladoras como por el apartado noveno de la propia convocatoria. A pesar de esta obligación clara, la resolución no se ha publicado todavía.
Los expedientes pendientes ascienden a unos 430 casos favorables, según datos de la propia Conselleria, una vez descontados desistimientos y solicitudes que no cumplían requisitos. El 30 de marzo se resolvieron 109 expedientes de nuevos agricultores, pero no los de jóvenes agricultores y ganaderos, manteniéndolos en una situación de incertidumbre absoluta.
Un vacío administrativo que bloquea decisiones empresariales
La falta de resolución condiciona directamente cuestiones fundamentales para los planes de explotación. Los jóvenes afectados no pueden tramitar las ayudas de la PAC, acceder a los derechos de la reserva nacional ni formalizar arrendamientos de tierras incluidos en sus planes empresariales. Con el plazo de la PAC cerrándose el 30 de abril —con posible prórroga hasta el 15 de mayo—, LA UNIÓ advierte que muchos de estos jóvenes perderán un año completo, con el consiguiente impacto económico y profesional.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, subraya que «no estamos ante un simple retraso administrativo, sino ante una situación que bloquea proyectos de vida y pone en riesgo real el relevo generacional en el campo valenciano». La organización recalca que el incumplimiento de plazos no es una cuestión formal ni menor, sino una obligación esencial de cualquier administración pública. «Cuando un agricultor no cumple los plazos, es sancionado. La Administración tiene que ser igualmente exigente consigo misma», indica LA UNIÓ.
Además, la propia convocatoria establece que la resolución debe publicarse en la sede electrónica de la Generalitat para reforzar la transparencia del procedimiento. Esta publicación no se ha producido, agravando la situación de indefensión de los solicitantes.
LA UNIÓ reclama cumplimiento, no interferencia
La organización insiste que no busca interferir en el contenido de las resoluciones, sino exigir que la Administración cumpla con sus obligaciones. «No pedimos que se concedan las ayudas sin criterio, sino que se resuelvan en tiempo y forma. Lo que no es admisible es que la inacción administrativa se convierta en un obstáculo para los jóvenes que quieren incorporarse en el campo», subraya LA UNIÓ. El malestar de los afectados es total, apunta la organización, ya que a pesar de los reiterados anuncios de la Conselleria, la resolución sigue sin publicarse.
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