Los datos de la Agencia Tributaria de 2023 registran la mayor caída anual de declaraciones con actividad agraria de toda la serie histórica, con casi 45.400 declaraciones menos que el año anterior. Así lo concluye Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos tras analizar la información fiscal disponible del organismo.
Menos de 900.000 por primera vez
Por primera vez desde que existen registros comparables, el número total de declaraciones con actividad agrícola o ganadera no alcanzó las 900.000, cerrando el año en 894.985. El descenso del 4,82% respecto a 2022 adquiere mayor dimensión cuando se observa la serie completa: en 2014 se contabilizaban 1.120.795 declaraciones, lo que supone una pérdida acumulada de más de 225.000 en una década.
El dato que la organización considera más grave no es el volumen total, sino lo que ocurre en los tramos más profesionales, es decir, aquellas declaraciones en las que la renta agraria representa la mayor parte de los ingresos del declarante. En este segmento, la reducción fue del 16,82% respecto al año anterior. El gráfico de evolución por tramos, elaborado por Unión de Uniones a partir de datos de la Agencia Tributaria, muestra además que esta contracción afecta con especial intensidad a los declarantes con mayor dependencia de la renta agraria, una tendencia sostenida desde 2014 en todos los estratos.
La mitad de la renta media
La brecha respecto al conjunto de la economía resulta igualmente significativa. Según la elaboración propia de la organización a partir de datos fiscales, el rendimiento neto medio por declarante agrario se situó en 2023 en 3.387,67 €, lo que equivale a menos de 290 € mensuales. Frente a esa cifra, la renta media general del declarante principal alcanzó los 30.418 €, mientras que la renta agraria de los tramos más profesionales quedó en 14.084 €, menos del 54% de esa referencia.
Ante estos datos, Unión de Uniones expresa su inquietud por las cifras que puedan registrarse en los próximos ejercicios, en un contexto que arrastra el impacto de los conflictos internacionales sobre costes y mercados. La entidad advierte de que estas condiciones alejan el relevo generacional y señala que revertir la situación requeriría voluntad política para hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria, evitar acuerdos comerciales que generen competencia desleal e invertir en servicios públicos y digitalización en el medio rural.
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