El sector agroalimentario se enfrenta a un escenario de inestabilidad acelerada donde «lo normal que tendría que pasar en veinte años o está pasando en un año o en pocos meses». Bajo esta premisa, el conseller de Agricultura ha desgranado durante la última jornada de la Avantllotja de Barcelona el plan de choque de la Generalitat frente a las recientes emergencias epidemiológicas. El encuentro, organizado en la sede de la Lonja de Cereales , ha servido de marco para detallar un despliegue logístico sin precedentes y lanzar un mensaje de contundencia institucional frente a la amenaza que representan la dermatosis nodular, la influenza aviar y, muy especialmente, la Peste Porcina Africana (PPA).
Lecciones de la dermatosis
La reciente crisis de la dermatosis nodular ha marcado un punto de inflexión en la forma de atajar los brotes sanitarios en el territorio. La rápida inmovilización y el vaciado de las explotaciones positivas permitieron una contención que ha sido tomada como modelo en el exterior. «Estuvimos en Francia y lo que nos pedían es cómo lo habéis hecho, que empezasteis más tarde que nosotros con la dermatosis y acabasteis antes que nosotros», ha revelado el titular de Agricultura.
Esta celeridad chocó inicialmente con las reticencias de algunos productores ante los sacrificios obligatorios. «Algunos se querían poner con la dermatosis en delante de la puerta de la granja para evitar los vaciados», ha recordado el conseller , justificando la dureza de la medida con una advertencia gráfica sobre el riesgo de expansión territorial: «Si no hubiéramos hecho los vaciados, la dermatosis estaría en Galicia». La complejidad de este brote quedó patente al confirmarse que los primeros cinco casos positivos se dieron en granjas sin entrada de animales externos, lo que evidenció el descontrol sobre los vectores de transmisión. «Ya os podéis imaginar los mosquitos que no sabíamos ni de dónde venían», ha apostillado.
El reto inédito de perimetrar un área metropolitana
En la actualidad, el máximo esfuerzo logístico se concentra en frenar el avance de la PPA en la fauna silvestre. El objetivo principal es la erradicación de los jabalíes en la «zona cero», que engloba Cerdanyola del Vallès y el Parc de Collserola, donde se calcula una población inicial de 1.000 ejemplares en un radio de seis kilómetros. Las autoridades autonómicas asumen la excepcionalidad de este cerco. «En ninguno de los veinticinco países han tenido que cerrar un área metropolitana de cuatro cuatro millones de habitantes», ha enfatizado el conseller.
Para acometer esta labor, la Generalitat ha desplegado un contingente de 650 efectivos que operan ininterrumpidamente, «veinticuatro siete días a la semana». Sobre el terreno trabajan agentes de élite de los Mossos d’Esquadra , unidades de la Guardia Civil , agentes rurales especializados , policías locales y operarios de la empresa pública Tragsa. Las labores se complementan con el uso de trampas y unidades caninas , mientras que fuera del radio de máximo riesgo (los 20 kilómetros) ya se han abatido más de 20.600 jabalíes de forma preventiva.
Vigilancia desde Bruselas
La contención silvestre resulta estéril si el virus logra penetrar en las instalaciones comerciales, un fenómeno que ha ocurrido en el 70% de los países afectados. Por ello, la administración ha endurecido el tono respecto a las exigencias de bioseguridad, rechazando frontalmente cualquier laxitud normativa que pueda comprometer el estatus sanitario del sector. «Se van a cerrar granjas que no cumplen. Porque lo del buenismo también nos llevamos muchos problemas», ha sentenciado el responsable autonómico.
La presión sobre la administración catalana es doble, ya que debe rendir cuentas constantes ante las autoridades comunitarias para mantener la regionalización de los mercados. En este sentido, el conseller ha instado a la unidad del sector y a evitar discursos paralelos, recordando que «Bruselas tiene su reglamento, sus hombres de negro que también miran a ver todo lo que haces». Hasta la fecha, las tres recientes crisis sanitarias han supuesto una inversión pública de 40 millones de euros, y el Govern prevé inyectar «seguramente cuarenta más» para culminar los planes de contención.
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