ANEMBE, Asociación Nacional de Especialistas de Medicina Bovina de España (Anembe) al igual que el resto de asociaciones de veterinarios de animales de producción y de compañía, confió en la defensa de los intereses profesionales por parte de la institución a la que corresponde esta función: el Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Sin embargo, en 2022 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) creó un nuevo régimen sancionador en materia de prescripción, de modo que un veterinario clínico podía enfrentarse a sanciones de hasta 1.200.000 euros. Pese a contar con asesores jurídicos, el Consejo General no reaccionó ante esta situación. Posteriormente, durante la fase de audiencia pública del proyecto del RD 666/2023, el Consejo General presentó algunas observaciones que no prosperaron. El Consejo de Estado, cuyo informe es preceptivo, no apreció irregularidades formales en el proyecto de Real Decreto, pero tampoco entró a valorar el fondo de la norma ni su impacto sobre el ejercicio clínico. Una vez aprobada la norma, los recursos contencioso-administrativos interpuestos por ANAVEPOR y AVECU no prosperaron y supusieron, además, un importante coste económico para sus socios.
ANEMBE, que optó por no seguir la vía judicial, contrató un despacho jurídico y centró sus esfuerzos en lograr un primer cambio imprescindible: la comunicación fuera de plazo de las recetas se había incorporado entre las infracciones muy graves y por tanto con las más elevadas sanciones, resultado que era sancionado de forma desproporcionada con multas de entre 60.001 y 1.200.000 euros. Resultaba imprescindible eliminar dichainfracción o tipificarla como la menor que permitiese la ley, es decir entre las infracciones leves, porque, llevan asociadas las sanciones mínimas, de entre 600 y 3.000 euros, apercibimiento o incluso la no sanción cuando existiera justificación. Tras realizar las actuaciones oportunas, este cambio se logró finalmente mediante su incorporación a la Ley de Desperdicio Alimentario, aprobada en marzo de 2025.
El RD 666/2023 entró en aplicación a dos velocidades: en 2023 para los animales de producción, con escaso impacto mediático, y en 2025 para los animales de compañía. Fue entonces cuando se evidenció el enorme impacto de la norma sobre los veterinarios, los animales y los usuarios de los servicios veterinarios, lo que desencadenó una movilización del colectivo sin precedentes. Se constituyó el Comité de Crisis Veterinario, impulsado por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), al que se sumaron la patronal CEVE, asociaciones veterinarias (ANEMBE, VETSUNIDOS, VETWARRIORS, AVEDE, AVEM, AVEE, AMVAC, AVEPA, entre otras), sociedades científicas (SOCIVESC, AVESA, SEOC), Facultades de Veterinaria, Colegios Veterinarios Provinciales y, de forma parcial, el propio Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
El Comité de Crisis intentó, sin éxito, entablar un diálogo con el Ministro de Agricultura, responsable de una normativa que pone en riesgo la viabilidad del ejercicio clínico veterinario. Desde el inicio, una parte importante del colectivo veterinario solicitó la derogación del RD 666/2023. Paralelamente, el Consejo General mantuvo reuniones con funcionarios del MAPA al margen del Comité de Crisis, no para exigir la derogación, sino para plantear modificaciones puntuales. Ante el ninguneo por parte del MAPA, el Comité de Crisis decidió declarar públicamente “persona non grata” al titular de la Dirección General de Producción Agraria y solicitó su cese. El Consejo General se desmarcó de ambas acciones, aunque el cese finalmente se produjo. En este contexto, el Ministro de Agricultura, obligado a dar explicaciones en el Senado, desvió el debate hacia las resistencias antimicrobianas, como si el problema no afectara a medicamentos sin relación alguna con la salud pública. Aun así, se logró que manifestara que “la ley protege a los veterinarios y los apoya para prescribir todo aquello que necesiten los animales de compañía”, lo que supuso un avance, aunque nuevamente dejó al margen a los veterinarios de animales de producción.
El Comité de Crisis instó al Consejo General a promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para derogar el RD 666/2023. Ante su inacción, CEVE presentó la ILP, que fue admitida a trámite en octubre de 2025. En una reunión del Comité de Crisis se informó al Consejo General de que ya no era legalmente posible presentar otra ILP; pese a ello, el Consejo General, con el apoyo de sus asesores jurídicos, impulsó una nueva iniciativa, financió una campaña publicitaria y la propuesta fue finalmente inadmitida por la Mesa del Congreso de los Diputados.
El Comité de Crisis continuó trabajando y se lograron otros cambios sustanciales en el RD 666/2023 mediante el diálogo con responsables políticos sensibles al bienestar animal, dado que el MAPA persistía en no atender al Comité. Fruto de estas actuaciones, en julio de 2025 se incorporó a la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública un mandato legal que obliga al MAPA a simplificar la burocracia, flexibilizar los plazos de envío de información y facilitar la transmisión electrónica de recetas. Asimismo, se obtuvieron ligeras mejoras en relación con la cesión de medicamentos para garantizar la continuidad de los tratamientos y en la recomendación —en lugar de la obligación— de realizar pruebas de sensibilidad antibiótica previas a la prescripción de antibióticos del grupo B.
Como consecuencia de este mandato dirigido a los Ministerios de Agricultura y Sanidad, se encuentra actualmente en fase de audiencia pública un borrador de modificación del RD 666/2023. Dicho borrador incorpora cambios que, a primera vista, podrían resultar satisfactorios y parecerían resolver el problema principal: la anulación del juicio clínico en la prescripción. No obstante, incluye un elemento altamente lesivo, la Disposición Adicional Tercera, que otorga a funcionarios de la Dirección General y de la AEMPS la facultad de imponer su propio criterio, en cualquier momento, de forma indiscutible y sin control legal efectivo. Estas interpretaciones podrían vaciar de contenido los avances logrados mediante simples notas interpretativas, convirtiendo a dichos funcionarios en “intérpretes auténticos”, con criterios vinculantes incluso para los instructores de expedientes sancionadores de las comunidades autónomas, que dejarían de regirse por las normas legales para hacerlo por tales interpretaciones administrativas.
Ante este ataque a la lex artis, a la experiencia y al juicio clínico, al conocimiento científico, a los protocolos clínicos internacionales y al ejercicio profesional en general, ANEMBE, a través de su despacho jurídico, presentará en los próximos días las correspondientes alegaciones. Estas serán compartidas con el resto de asociaciones, colegios provinciales, universidades, sindicatos y patronal que integran el Comité de Crisis Veterinario, con el fin de defender los intereses de sus socios y de todos los veterinarios clínicos. Todo ello ante la posición del Consejo General que, con el asesoramiento de sus servicios jurídicos, considera hasta la fecha asumible la Disposición Adicional Tercera, pese a que esta puede anular el juicio clínico y los avances alcanzados.
Finalmente, en relación con la manifestación convocada de forma precipitada por el Consejo General, sin contar con el consenso del colectivo representado en el Comité de Crisis, ANEMBE insta al Consejo General a consensuar posturas, a apoyar sin fisuras la ILP actualmente en tramitación y a exigir la derogación del RD 666/2023, evitando más parches normativos.
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