La Unión Europea prevé firmar el sábado 17 de enero de 2026 en Asunción (Paraguay) los acuerdos con Mercosur. El paso llega después de que el Consejo de la UE adoptara el 9 de enero dos decisiones que autorizan la firma del Acuerdo de Asociación UE–Mercosur (más amplio) y del Acuerdo Interino de Comercio (iTA), la pieza que concentra el contenido comercial y que abre la puerta a avanzar con el trámite comunitario.
La amenaza de Hungría
Con ese calendario sobre la mesa, el ministro de Agricultura de Hungría, Nagy István, ha vinculado la firma a un salto al terreno judicial y ha afirmado: “Si la señora Ursula von der Leyen firma el acuerdo Mercosur, el Gobierno húngaro acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. En las mismas declaraciones, el ministro aseguró que Budapest “hará todo lo posible para que no entre en vigor” y que busca “un aplazamiento” mediante un escrito para intentar frenar la entrada en vigor del acuerdo.
En la práctica, el movimiento no apuntaría a “Mercosur” como concepto general, sino a los actos jurídicos que lo ponen en marcha: las decisiones del Consejo que autorizan la firma y, especialmente, cualquier decisión futura vinculada a una eventual aplicación provisional del pilar comercial. Esa es la vía que permitiría que la parte comercial opere antes de completar todos los trámites internos que se derivan del acuerdo político más amplio.
El choque por las salvaguardias
El ministro húngaro ha centrado su argumentario en las cláusulas de salvaguardia del acuerdo y, según sus declaraciones, sostiene que “toda esa salvaguardia que figura en el acuerdo Mercosur no es una protección suficiente para los agricultores europeos”, al tiempo que atribuye al pacto un impacto que, a su juicio, “significaría el fin de la agricultura europea”.
En paralelo, las instituciones comunitarias han ido desarrollando el marco de salvaguardia: el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron en diciembre un acuerdo provisional sobre una norma para aplicar la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación y del iTA en productos agrarios, con el objetivo de activar medidas de forma rápida y efectiva si las importaciones causan o amenazan con causar perjuicio grave.
Un frente añadido en la Eurocámara
Además de la amenaza de Budapest, el Parlamento Europeo tiene previsto votar el 21 de enero si solicita al Tribunal de Justicia de la UE su opinión sobre la compatibilidad de los acuerdos UE–Mercosur con los Tratados y sobre sus bases jurídicas, un procedimiento que podría añadir presión y tiempo a la tramitación.
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