La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha reclamado al Gobierno de España una posición clara y firme de oposición al Acuerdo UE–Mercosur en su forma actual, coincidiendo con la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que la Comisión presentará una propuesta de modificación del Marco Financiero Plurianual (MFP) post-2027.
ASAJA ha trasladado esta posición en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que advierte del grave impacto que el acuerdo tendría sobre sectores especialmente sensibles como la carne de vacuno, las aves, el azúcar, el etanol, los cítricos, el arroz, la miel o el maíz, y de la falta de reciprocidad en las normas sanitarias, medioambientales y de trazabilidad exigidas a las producciones importadas frente a las europeas.
ASAJA alerta de que el Acuerdo UE-Mercosur no solo perjudica a agricultores y ganaderos europeos, sino también a los consumidores, al abrir la puerta a alimentos producidos con estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad inferiores a los exigidos en la Unión Europea. La reciente decisión del Gobierno francés de prohibir determinadas sustancias fitosanitarias en frutas importadas de Sudamérica confirma la preocupación creciente por la falta de reciprocidad. Por todo ello la organización reclama al Gobierno de España que no utilice compensaciones presupuestarias para justificar Mercosur y defienda una política agraria y comercial coherente, que proteja la producción europea, garantice alimentos seguros y de calidad y preserve el futuro del medio rural.
La nueva propuesta presupuestaria: avances con riesgos
En paralelo, ASAJA ha analizado la propuesta que la Comisión Europea presentó ayer a los ministros de Agricultura, que contempla:
- Un incremento potencial de 45.000 millones de euros para agricultura, mediante el adelanto de márgenes presupuestarios del futuro MFP.
- La apertura de 48.700 millones de euros del Fondo Rural para medidas agrícolas.
- Dos medidas adicionales relativas a fertilizantes (CBAM o antidumping) y a la reciprocidad comercial frente a terceros países.
ASAJA advierte de que estos fondos serían de carácter voluntario para los Estados miembros, lo que introduce un riesgo real de desigualdad y fragmentación del mercado único, si algunos países no los solicitan o los aplican de forma desigual. Por ello, la organización exige que cualquier refuerzo presupuestario para la PAC sea obligatorio, exclusivo para la agricultura y con un marco de rendimiento propio, que tenga en cuenta indicadores socioeconómicos y no únicamente ambientales.
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