Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de su organización en la Comunidad Valenciana, La Unió Llauradora, ha cuantificado en 214.200 toneladas la pérdida de capacidad productiva derivada de la DANA, con un valor económico superior a 103,6 M€. Según la organización, esta cantidad refleja los ingresos que han dejado de percibir los productores valencianos en cultivos como cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, frutales, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental, los más afectados por el temporal.

Un año después del episodio, Unión de Uniones considera que la recuperación del sector es muy desigual. Mientras algunas explotaciones agrícolas han logrado rehacerse parcialmente gracias a las ayudas, las actuaciones de Tragsa y el esfuerzo de los propios agricultores, en muchas zonas las infraestructuras agrarias —caminos, acequias y sistemas de riego— siguen sin estar plenamente operativas. Además, denuncia que la llegada de las ayudas públicas continúa siendo lenta y burocrática.

Ayudas insuficientes y trabas administrativas

La organización reconoce que las primeras ayudas directas y las indemnizaciones de Agroseguro fueron un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero subraya que resultan claramente insuficientes frente a la magnitud de los daños. En la mayoría de los casos, estas ayudas se concedieron bajo el régimen de minimis, con una cuantía máxima de 25.000 € por beneficiario, una cifra que Unión de Uniones considera “totalmente insuficiente” para restablecer las explotaciones y recuperar su capacidad productiva.

Además, la entidad denuncia el “limbo administrativo” en el que se encuentran alrededor del 6% de las parcelas afectadas por la DANA. Estas parcelas habrían sido incorporadas por el Gobierno al Dominio Público Hidráulico (DPH), dejando a sus propietarios sin claridad sobre cuándo recibirán las compensaciones ni en qué cuantía. Unión de Uniones ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que resuelva esta situación y garantice los derechos de los agricultores.

Reclamo de compensaciones justas y mantenimiento de derechos

La organización advierte de que muchas parcelas afectadas cuentan con una actividad agraria consolidada, derechos reconocidos dentro de la PAC e incluso autorizaciones de riego. Su incorporación al DPH podría generar un grave perjuicio económico y jurídico a los agricultores. Por ello, Unión de Uniones reclama al Ministerio una compensación económica justa que contemple tanto el valor del suelo como la pérdida productiva y los daños ocasionados.

Asimismo, solicita mantener los derechos de la PAC y de plantación de viñedo a nombre de los agricultores afectados, de modo que puedan reactivar su producción en otras parcelas. La entidad también pide conservar los derechos de riego, permitir su traslado a terrenos de sustitución y garantizar nuevas autorizaciones equivalentes para pozos individuales.