El Gobierno de la Región de Murcia ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la retirada de la propuesta de modificación de las reglas de explotación del Acueducto Tajo-Segura. La petición se ha producido tras la presentación de un informe elaborado por la Generalitat Valenciana que concluye que los problemas del río Tajo no guardan relación con el trasvase hacia el Segura.

El documento, presentado junto a los responsables hídricos de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia, señala que nunca se ha incumplido el régimen de caudales ecológicos por falta de agua en cabecera y que las dificultades del río derivan de una gestión ineficiente en la cuenca del Tajo. Según el informe, el trasvase se ha mantenido siempre dentro de los márgenes técnicos y legales previstos.

Desde la Consejería de Agricultura se ha recordado que el Ejecutivo murciano mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo contra la fijación de los caudales ecológicos en el Plan de cuenca del Tajo, al considerar que no se basan en criterios técnicos sólidos. En este sentido, el Gobierno regional insiste en que cualquier modificación debe sustentarse en datos objetivos y no en decisiones políticas.

Durante la presentación, las tres comunidades coincidieron en que mantener el trasvase no supone reclamar privilegios, sino exigir una gestión justa de un recurso compartido. Asimismo, reclamaron reglas de explotación claras, transparencia en la gestión y una modernización efectiva de los regadíos en la cuenca del Tajo antes de aplicar restricciones adicionales a un sistema que consideran ejemplo de eficiencia.

El Ejecutivo murciano subraya que el problema radica en la falta de modernización de los regadíos del Tajo, en la gestión de los embalses y en la escasa transparencia de la Confederación Hidrográfica. Además, defiende que los regadíos que dependen del trasvase son los más eficientes y productivos del país, con un control exhaustivo del uso del agua.

Desde el Gobierno regional se recuerda que el trasvase Tajo-Segura ha sido durante más de cuatro décadas un instrumento esencial de solidaridad territorial, que ha sostenido la economía, la agricultura y el abastecimiento de millones de personas. Por ello, el Ejecutivo considera que recortar los envíos de agua mediante nuevas reglas sin base ambiental supone un agravio para el Levante.

El Ejecutivo autonómico advierte de que el recorte de caudales propuesto por el Ministerio pone en riesgo el futuro del sector agroalimentario murciano y el desarrollo económico y social de la región, al reducir un recurso imprescindible para su actividad agrícola y su crecimiento.