Asaja Córdoba ha alertado de la falta de crotales electrónicos en todas las comarcas de la provincia, como Los Pedroches y el Guadiato, lo que impide a los ganaderos identificar a los terneros nacidos en la última paridera según el nuevo sistema impuesto por el Ministerio de Agricultura desde el pasado 30 de junio. La organización agraria considera que esta situación coloca a los ganaderos en un “vacío legal”, ya que no pueden cumplir con la normativa y, al mismo tiempo, no tienen autorización para usar los crotales convencionales que todavía poseen.

Un sistema que genera más costes y complicaciones

La entidad recuerda que muchos ganaderos habían adquirido crotales antiguos antes de la entrada en vigor de la medida, que ahora no pueden utilizar, y reclama que se permita su uso hasta agotar existencias o, en su defecto, que el Ministerio devuelva el dinero invertido. Según Asaja Córdoba, esta obligación incrementa los costes y complica la gestión de las explotaciones sin aportar beneficios adicionales para el ganadero ni para el consumidor.

La organización agraria recuerda que la identificación animal y la trazabilidad están garantizadas desde hace más de 30 años con el sistema de crotal auricular, que ha demostrado ser eficaz al asignar un número exclusivo a cada animal desde su nacimiento. En su opinión, la identificación electrónica resulta innecesaria, dado que el modelo anterior ya permitía un control riguroso del vacuno.

Críticas a la falta de respaldo legal europeo

Asaja Córdoba señala que el Reglamento delegado (UE) 2019/2035 no obliga a implantar la identificación electrónica en vacuno. De hecho, según datos de la Comisión Europea publicados en agosto de 2023, solo cinco países han establecido este sistema como obligatorio en todo su territorio. La organización considera que el Ministerio se ha adelantado sin base legal suficiente y sin atender a las alegaciones del sector.

Petición de soluciones urgentes

Ante la actual escasez de dispositivos, Asaja Córdoba solicita que la Administración publique una prórroga en la aplicación de la normativa, que flexibilice los controles mientras persista el problema de suministro y que autorice el uso de los crotales convencionales disponibles en las explotaciones. La entidad insiste en que la situación actual deja en desventaja a los ganaderos y exige medidas inmediatas para evitar sanciones injustas.