La Comisión Europea ha emitido su primer dictamen sobre la compatibilidad de un acuerdo de sostenibilidad con las normas de competencia del sector agrario. El análisis se refiere a un acuerdo impulsado en la región francesa de Occitania para establecer precios orientativos en las transacciones de vino a granel producido bajo normas ecológicas y de Alto Valor Medioambiental (HVE, por sus siglas en francés).

El acuerdo fue presentado por productores de vino que operan bajo estos estándares, y establece precios de referencia para seis variedades de uva que cubran los costes de producción —según los requisitos del modelo ecológico o HVE— más un margen de beneficio de hasta el 20 %. El objetivo es fomentar la continuidad de las prácticas vitivinícolas sostenibles en un contexto de caída de rentabilidad y exceso de oferta en el sector francés.

Según el dictamen emitido, el acuerdo cumple todas las condiciones exigidas por el artículo 210 bis del Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM), entre ellas: que implique a productores agrarios, que se refiera al comercio de productos agrarios y que aplique normas de sostenibilidad más exigentes que las establecidas por la normativa europea o nacional. Además, la Comisión considera que cualquier posible restricción a la competencia es indispensable para alcanzar los objetivos de sostenibilidad propuestos.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y, según se explica desde Bruselas, representa un ejemplo válido de cómo se pueden estructurar pactos entre operadores del sector agroalimentario sin vulnerar el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíbe acuerdos entre empresas que limiten la competencia, como la fijación de precios.

Este dictamen se produce tras la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027, que introdujo esta posibilidad mediante el Reglamento (UE) 2021/2117. La disposición permite a los productores agrícolas acordar condiciones para impulsar la sostenibilidad, siempre que dichas condiciones sean indispensables y voluntarias. En diciembre de 2023, la Comisión ya había publicado directrices para facilitar a los operadores la aplicación del artículo 210 bis.