ASAJA Aragón ha manifestado su disconformidad con las recientes comunicaciones enviadas por la Gerencia Territorial del Catastro a los titulares de explotaciones agrícolas en la región, mediante las que se informa de una revisión al alza de la valoración catastral de sus fincas rústicas. Esta modificación, que implica una subida media del 2,4 % respecto a la anterior valoración, se traducirá en un incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que deberán asumir las explotaciones familiares agrarias.

La organización agraria considera que esta revisión, que se ha comenzado a notificar desde finales de junio, llega en un momento “innecesario e inoportuno”, especialmente en un contexto de dificultades económicas para el campo aragonés. ASAJA recuerda que el sector arrastra campañas marcadas por unos elevados costes de producción y precios de venta insuficientes, como en el caso actual del cereal de invierno, donde, a pesar de unos buenos rendimientos, las cotizaciones no permitirán cubrir costes.

Desde la organización se cuestiona el momento elegido para aplicar esta medida. El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha advertido de que el incremento del valor catastral puede situar las fincas por encima de su valor real de mercado y comprometer la viabilidad económica de muchas explotaciones. Subraya que las explotaciones familiares constituyen el soporte fundamental de la actividad agraria y que este tipo de medidas fiscales puede agravar su situación financiera.

ASAJA Aragón recuerda que una de sus propuestas dentro del debate sobre la futura Ley de Agricultura Familiar es la de aplicar una fiscalidad diferenciada para este tipo de explotaciones. A su juicio, esta medida podría actuar como un mecanismo de alivio ante los altos costes estructurales a los que se enfrentan los profesionales del campo.