Desde ayer, 30 de junio, todos los terneros que nazcan en España deberán llevar un crotal electrónico, según lo establecido en el Real Decreto 787/2023. Esta obligación ha sido duramente criticada por COAG y por Unión de Uniones, que exigen al Ministerio de Agricultura la modificación de la normativa y denuncian el impacto económico y técnico que supone para las explotaciones ganaderas.

Rechazo del sector a una medida impuesta sin consenso

COAG ha calificado la norma como una decisión impuesta de forma unilateral y sin planificación, que ignora las alegaciones presentadas por el sector. La organización considera que el crotal electrónico no aporta garantías adicionales respecto a la trazabilidad, ya asegurada mediante el sistema tradicional de identificación. A su juicio, la medida solo implica más burocracia, mayor dependencia tecnológica y un coste que el ganadero no puede asumir.

Unión de Uniones coincide en este planteamiento y recuerda que ya mostró su oposición hace un año, cuando el Ministerio decidió aplazar un año la entrada en vigor del crotal electrónico. Para la organización, la solución adecuada es mantener la voluntariedad de uso, siguiendo el mismo enfoque aplicado al cuaderno digital de explotación.

Ambas organizaciones subrayan que la identificación electrónica no responde a ninguna obligación europea. El Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 no impone esta exigencia y, según datos de la Comisión Europea, solo cinco países la han implementado de forma obligatoria. Las entidades consideran que la norma española va más allá de lo que establece la legislación comunitaria y reclaman que se ajuste a los verdaderos requerimientos europeos.

Incremento de costes y desventaja competitiva

Tanto COAG como Unión de Uniones alertan del sobrecoste que implica esta medida. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el precio de identificación por animal se duplica, pasando de menos de 1,5 € a casi 3 €. COAG también señala que la pérdida de un crotal electrónico puede paralizar el movimiento del animal hasta que sea reemplazado, generando nuevas complicaciones en la gestión diaria.

Unión de Uniones advierte que la obligación de asumir este coste genera desigualdades entre comunidades autónomas. Algunas regiones, como Asturias o Castilla y León, eximen del pago del primer crotal, mientras que otras como Madrid, Cantabria, la Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha trasladan todo el gasto al ganadero. Además, la organización denuncia que los estudios realizados demuestran que los beneficios del sistema se concentran en los eslabones superiores de la cadena de valor, mientras que los costes recaen exclusivamente sobre el productor.

Obstáculos técnicos y riesgos operativos

Las organizaciones también han expuesto dificultades prácticas derivadas de esta obligación. La colocación de los dos crotales (el tradicional en la oreja derecha y el electrónico en la izquierda) puede suponer un riesgo para la integridad del ganadero en explotaciones extensivas o sin manga ganadera. Unión de Uniones se pregunta si desde el Ministerio se ha comprobado sobre el terreno la viabilidad de estas indicaciones.

COAG ha anunciado que redoblará sus esfuerzos para conseguir que se elimine la obligatoriedad del crotal electrónico, defendiendo el principio de proporcionalidad y viabilidad que rige en la normativa europea. Por su parte, Unión de Uniones ha solicitado un nuevo aplazamiento de al menos dos años para modificar la norma y establecer el carácter voluntario de la identificación electrónica.

Ambas organizaciones piden al Ministerio una mayor coherencia entre sus declaraciones y sus decisiones, reclamando un enfoque realmente dialogado y adaptado a las condiciones del terreno.