La campaña del tomate en Extremadura comenzará este año con un notable retraso, una reducción del 20 % en la superficie cultivada y unos precios que UPA-UCE considera ruinosos para los productores. Según ha denunciado esta organización agraria, las lluvias impidieron realizar la plantación en los plazos habituales, a lo que se suma la presión a la baja ejercida por la industria en los contratos, lo que ha desincentivado aún más la siembra.
UPA-UCE afirma que, en un primer momento, las industrias impusieron precios muy por debajo de los costes de producción, pero posteriormente, al cambiar la coyuntura internacional del mercado, intentaron presionar para que se plantara más tomate. Sin embargo, aseguran que esa petición llegó demasiado tarde y que ahora muchas explotaciones ya no pueden dar marcha atrás.
La organización considera que esta situación debe servir como lección y pide que en la próxima campaña se acuerden precios que cubran los costes desde el principio, además de que las industrias se centren en mejorar los precios de venta del concentrado en los mercados, tomando como referencia a las italianas, que comercializan a precios más elevados que las españolas.
Preocupación por los efectos del calor y el retraso en la cosecha
Respecto a la evolución del cultivo, UPA-UCE señala dos riesgos principales. Por un lado, las altas temperaturas actuales podrían afectar negativamente a las plantas en floración, y por otro, el retraso en la plantación hará que la campaña se generalice en agosto, en lugar de arrancar el 20 de julio como en años anteriores. Esto supondrá cosechar buena parte del tomate en septiembre e incluso en octubre, lo que implica mayores riesgos agronómicos y económicos.
La organización advierte además que cosechar más allá del 30 de septiembre tiene un coste adicional en el seguro agrario de unos 50 €/ha, ya que debe ser notificado previamente.
Ante esta situación, UPA-UCE ha reiterado su denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), entendiendo que se está vulnerando la Ley de la Cadena Alimentaria al no respetarse el principio de que los precios deben cubrir los costes de producción.
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