La campaña de recolección de patata nueva en España ya está en marcha con producciones que, según los productores, reúnen frescura, calidad y capacidad suficiente para abastecer a las grandes cadenas de distribución. Sin embargo, en los lineales de los supermercados sigue predominando la presencia de patatas importadas, principalmente de Oriente Medio (Israel y Egipto), que ya superan las 80.000 t en lo que va de 2024.

Desde zonas clave como Sevilla, Málaga o el Campo de Cartagena, zonas de patata temprana donde la patata nueva española empieza a salir del campo con toda su frescura y calidad, se asegura que la oferta nacional actual puede cubrir la demanda con regularidad, pero que continúa siendo desplazada por producto foráneo, a menudo acompañado por patatas de conservación procedentes de Francia, almacenadas desde noviembre y que, tras meses en cámaras frigoríficas, han perdido parte de sus cualidades organolépticas.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que esta situación responde a una estrategia deliberada por parte de algunas cadenas de distribución. Según la organización, se estaría tratando de retrasar la entrada del producto nacional para saturar el mercado con importaciones y presionar a la baja los precios en origen. A juicio de COAG, esta práctica perjudica tanto a los agricultores como a los consumidores, que se ven obligados a adquirir patata de terceros países mientras la producción nacional permanece almacenada.

En supermercados situados incluso dentro de zonas productoras como el Campo de Cartagena, con más de 10.000 hectáreas sembradas, se ha constatado la venta de patatas con origen Israel. Desde COAG reclaman una mayor implicación de las cadenas en la defensa del producto nacional, con su correspondiente etiquetado, sello de calidad y garantía de cumplimiento de las normativas comunitarias.

La organización también alerta del impacto medioambiental de esta dinámica de importación. El transporte internacional de estas partidas generaría unas 3.376 t adicionales de CO₂, lo que equivale a las emisiones de más de 10.000 vuelos ida y vuelta entre Madrid y París. Además, recuerda que el cultivo de patata nueva en España genera unos 4,2 millones de jornales, por lo que las decisiones de compra de las cadenas tienen consecuencias directas en el empleo rural.

COAG trasladará esta problemática tanto al Ministerio de Agricultura como a las consejerías autonómicas de las zonas más afectadas, e insta a los responsables de compra de las cadenas a apostar decididamente por la producción nacional.