Los arroceros de la Comunitat Valenciana afrontan esta campaña una caída del 8% en los precios percibidos por la variedad redondo, la más cultivada en la región. Mientras en la pasada campaña las cotizaciones de esta variedad se situaban en 0,65 €/kg, en la actual oscilan de media en torno a los 0,60 €/kg. En el caso del arroz índica, el precio ha descendido un 15%, pasando de 0,44 a 0,38 €/kg. Hace dos campañas, el redondo alcanzaba los 0,69 €/kg.

Uno de los factores que influye en esta situación es el incremento de las importaciones. En 2024, las compras de arroz a terceros países han aumentado un 15% respecto al año anterior, alcanzando las 418.447 t. De este volumen, el 68% proviene de Myanmar (26%), Argentina (16%), Uruguay (15%) y Pakistán (11%). La importación desde países del Mercosur representa un 31% del total.

Los arroceros también enfrentan un aumento de los costes de producción, especialmente en mano de obra. La falta de fitosanitarios eficaces debido a las restricciones impuestas por el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea ha provocado una proliferación de malas hierbas, incrementando los costes y la carga de trabajo en las explotaciones.

Ante esta situación, LA UNIÓ solicita la aplicación de una cláusula automática de salvaguardia para proteger al sector frente a las importaciones masivas, así como el etiquetado obligatorio de origen en el arroz. La organización destaca el papel de la Denominación de Origen Arròs de València como garantía de procedencia y calidad.

Además, denuncia que algunas empresas valencianas o con presencia en la Comunitat siguen importando arroz sin especificar el país de origen en el etiquetado, llegando a vender arroz asiático como si fuera valenciano mediante referencias visuales engañosas en los envases.

Por otro lado, LA UNIÓ subraya la importancia del cultivo del arroz en el mantenimiento de ecosistemas como el Parc Natural de l’Albufera y la Marjal Pego-Oliva. En este sentido, recuerda que la declaración de l’Albufera como Reserva de Biosfera debe representar un beneficio tanto para el medio ambiente como para los agricultores, evitando nuevas cargas económicas y agronómicas que perjudiquen su competitividad.